Nombre completo: Gerardo Rubén
MORALES
Fecha de nacimiento: 18 de julio
de 1959
De inicio, es posible adelantar
una conclusión que debe gravitar en el estudio de toda su vida y obra: luego de
una mediocre carrera, Morales es hoy un líder vulgar, que ejerce un esperable
totalitarismo de pelotón de rezagados, traccionado a ese nivel por el real
pagador de la epopeya de determinación psicológica perpetrada en 2015: Mauricio
Macri.
Como tantos otros radicales,
inició su militancia en la agrupación Franja Morada, mientras estudiaba para
Contador Público en la Universidad Nacional de Jujuy. En 1989, perdió contra el
Partido Justicialista las elecciones legislativas provinciales, pero logró
ingresar a la Legislatura jujeña: desempeñó el cargo de diputado local hasta el
año 2000. En 1991, integró la fórmula Humberto Salum – Gerardo Morales que se
candidateó (y perdió) para la gobernación del distrito.
El norteño también perdió las
elecciones para gobernador en 1995, por 55 % a 30 % con el Justicialismo. Luego
de estos comicios denunció fraude, pero sus quejas no fueron en definitiva
escuchadas. En 1999, volvió a perder frente al Partido Justicialista y a
denunciar maniobras de manipulación de votos.
Durante el primer año de la
presidencia de Fernando De la Rúa ya se evidenciaban los ribetes de lentitud e
inoperancia del primer mandatario aliancista. El propio Raúl Alfonsín criticó
su gestión: a fin de reforzar lazos con el líder de la UCR (a quien De la Rúa
había disputado poder durante toda su vida política), el entonces presidente
convocó a varias personalidades “alfonsinistas” para ocupar cargos en su
Administración. Entre ellos estuvo Gerardo Rubén, que renunció a su banca
provincial y pasó a desempeñarse como Secretario de Desarrollo Social.
Luego de haber sido funcionario
del gobierno que provocó la peor crisis económica e institucional de la
historia argentina, Gerardo Morales presentó nuevamente una candidatura para
gobernar Jujuy. Volvió a perder, esta vez contra la fórmula Fellner –
Barrionuevo del Partido Justicialista, por 56 % a 35 %. Por ese entonces,
Néstor Kirchner era el Presidente de la Nación: su apoyo a la fórmula
encabezada por Eduardo Fellner fue determinante para la determinación de este
resultado.
Hasta el momento, sólo había
ganado una disputa contra el justicialismo: la de las elecciones a senador
nacional de 2001, en un marco de absoluta anomalía política. Los otros dos
comicios que tendieron a renovar su mandato lo tuvieron también como perdedor
frente al peronismo: 47 % a 31 % en 2005 y 53 % a 29 % en 2011. En ambos casos,
Morales entró como senador “por la minoría”. Todo ello, mientras ocupaba cargos
de importancia en la Unión Cívica Radical (cuyo Comité Nacional presidió entre
2006 y 2009) y dentro del bloque de senadores radicales.
Su imposibilidad de generar
acciones personales o alianzas efectivas para detentar con eficacia los máximos
estratos de poder –una desvirtud que por ese entonces compartía con la propia
agrupación a la que pertenecía, estigmatizada como culpable de la debacle del
año 2001- lo llevaron a polarizar fuertemente sus posiciones y discursos, para
definirse con evidencia en la “vereda de enfrente” del peronismo. Combatió con
crudeza toda acción de los gobiernos kirchneristas, denunció a sus funcionarios
tildándolos de corruptos por decenas de acciones de gobierno y estigmatizó a
los correligionarios que se manifestaron de acuerdo con las políticas
nacionales y populares que implementaban Néstor Kirchner y su esposa.
Pero su batalla más intensamente
emocional fue la entablada contra la Organización Barrial Túpac Amaru; y mucho
más salvaje respecto de su líder, la descendiente de pueblos originarios
Milagro Sala. A contrario de la vida llevada por Gerardo Morales en un ámbito
de satisfacción de necesidades y posibilidades de estudio, Milagro había sido
abandonada en la puerta de un hospital y criada por una familia peronista. Si
bien el núcleo que la contuvo manifestaba cierta holgura económica, al
enterarse de su origen Milagro escapó y vivió en la indigencia: debió delinquir
para alcanzar su supervivencia y purgó una pena de prisión por robo. Con el
tiempo, Milagro militó en diversas organizaciones sociales: su fuerte carácter
y su firme determinación de luchar contra la pobreza la convirtieron en la
principal referente de los movimientos territoriales jujeños.
Con Milagro Sala a la cabeza, “La
Tupac” alcanzó un enorme desarrollo en todos los ámbitos. La organización daba
de comer a los necesitados; pero también, con la colaboración económica del
gobierno nacional, se dedicó a la construcción de viviendas, de centros de
recreación, de escuelas, de centros de atención de salud, de talleres de
producción textil. El colectivo creado por Milagro edificó un parque temático y
un parque acuático, para ser utilizado gratuitamente por la parte más relegada
de la población. Incluso, creó una obra social propia.
La realidad era evidente: en
pocos años, Milagro había alcanzado mayor poder local que el viejo peronismo y,
sobre todo, que el gris y ambicioso Morales. Hacia el año 2012, finalmente, la
líder aborigen creó su propia agrupación política: el Partido por la Soberanía
Popular, que obtuvo la tercera posición en las elecciones de 2013 y la llevó
como diputada a la Legislatura de la provincia.
Esta profusión de datos de
derrota animó a Gerardo Rubén a encabalgarse en la campaña de penetración
psicológica iniciada por el macrismo a finales del año 2012 para cortar la
hegemonía del Frente para la Victoria. Su principal enemiga local era,
ciertamente, una indígena ex convicta, que había vivido muchos años en
situación de calle y a la que se había acusado de narcotráfico y de haber
ejercido la prostitución: con todo, su acción social se manifestaba tan
poderosa que cada vez eran más los seguidores que lograba, sea por persuasión,
sea por concreta satisfacción material de necesidades.
En medio de las acusaciones al
matrimonio Kirchner de haber generado una “ruta de dinero” ilegal y de ejercer
todas las formas de corrupción que cupieran en el entendimiento de las clases
de comportamiento aspiracional, Morales tomó el guante que le correspondía en
función de su participación en la acción de sugestión colectiva y acusó a la
Tupac de realizar “negocios turbios” con dinero público, de extorsionar a las autoridades
provinciales con desplegar actos de violencia si no se satisfacían ciertos requerimientos
cada vez más crecientes y de violentar a los sectores con necesidades básicas
insatisfechas a fin de que pasaran a formar parte como “soldados” de la
organización. Para Gerardo Morales, Milagro Sala había constituido un “Estado
dentro del Estado”, con reglas propias y al margen de la ley; algo similar a lo
que, pocos años después, se endilgara a las tribus mapuches que se oponían a la
privatización de sus tierras ancestrales.
El senador y operador macrista
culpó también a Milagro como “autora intelectual” de una denuncia que le
atribuía, en forma personal, presidir una organización de “lavado de dinero”
proveniente del ejercicio de todas las formas de la economía ilegal.
En octubre de 2013, Sala sufrió
un atentado a balazos contra su vida: si bien tres personas lograron huir,
entre los detenidos había conocidos militantes radicales y hasta un empleado de
la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, cuyo jefe comunal, el radical Raúl
“Chuli” Jorge, por entonces cumplía su segundo mandato. Morales aportó,
rápidamente, el nombre de los profugados, pero declaró que el siniestro había
sido “un asunto entre bandas mafiosas”.
A medida que avanzaba el año
2015, el estado de captación intelectiva de una mayoría irreversiblemente
degradada hacía sospechar un triunfo de Cambiemos en todos los órdenes. Jujuy
no sería la excepción: ante el asombro de los propios radicales, la fórmula
Gerardo Morales – Carlos Haquim (este último, proveniente del massismo) obtuvo
la victoria con un contundente 58 %. Por primera vez, una estrategia
implementada por el radical para conseguir la gobernación (en este caso,
fomentar la oleada emocional ejecutada por el periodismo comprado por el
macrismo) le daba frutos. El frente Cambiemos se llevaba, también, la provincia
norteña.
Lejos de aplicar los principios
que había heredado de su pasado alfonsinista, una vez ungido en la primera
magistratura provincial Morales cumplió los designios de sus pagadores.
La primera vulneración
institucional de Gerardo se dio en la deformación del Poder Judicial local. En
primer lugar, envió un paquete de proyectos para ser sancionado a la
Legislatura, apenas iniciado su mandato: el 15 de diciembre de 2015, una ley de
reforma determinó la ampliación de 5 a 9 de los miembros del máximo tribunal
judicial de la jurisdicción. Para el 17 de diciembre a la madrugada, ya estaba
conformado el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy: cinco
jueces de extracción radical y cuatro jueces de carrera. Dos de los radicales
habían sido hasta ese día diputados por el radicalismo: renunciaron a sus
bancas y, acto seguido, en la misma sesión, la mayoría “moralista” los nombró
jueces de aquellos altos estrados. Para ello, no se sustanció ningún concurso, como
indica la normativa provincial.
Entre otros, el intendente
peronista del Departamento El Carmen y su abogado advirtieron las
irregularidades cometidas. Morales, rápidamente, mandó allanar la sede comunal
y ordenó a un juez venal que suspendiera la matrícula del letrado.
El mismo cúmulo de leyes que fue
sancionado en sus primeros días de gobierno incluyó la creación de un
Ministerio Público de la Acusación, aberración jurídica cuya intención fue la
de desplazar el poder del Ministerio Público Fiscal e iniciar demandas penales
contra opositores y miembros de las
organizaciones sociales. Las funciones de ambos Ministerios Públicos (uno,
establecido en la Constitución de la provincia y otro producto de una ley redactada
por asesores del propio Morales) quedaron superpuestas.
Frente a estos hechos de destrucción
del republicanismo, comenzaron a generarse denuncias que debieron ser resueltas,
en última instancia, por el Superior Tribunal adicto. Todas ellas tuvieron
dictámenes de irregularidad firmados por el Fiscal General, quien propiciaba la
nulidad de las medidas adoptadas, a contrario del criterio ordenado por Gerardo.
La reacción del gobernador fue inmediata y drástica: ordenar la tramitación de
un juicio político para destituir al “díscolo” Fiscal General.
El mismo juez que decidió la
suspensión en el ejercicio profesional de aquel “abogado opositor” fue quien
dispuso la prisión de Milagro Sala, luego de la realización de un acampe frente
a la Casa de Gobierno. La protesta se inició el 13 de diciembre de 2015 y
finalizó el 16 de enero de 2016, cuando Morales ordenó a sus servidores
judiciales la detención de Milagro por “instigación al delito”, “sedición” (es
decir, la pretensión de generar un golpe de Estado provincial) y la
contravención consistente en “generar aglomeraciones o tumultos”.
Ninguna de estas figuras exigía
la prisión preventiva. Sin embargo, pocos días después, también por influencia
de Morales, Milagro Sala fue conducida a una cárcel. Mientras estaba presa, el
gobernador fue instruyendo a sus fiscales adeptos una suerte de “imputación por
goteo” cuyo único fin era minar la voluntad de la detenida: Milagro fue acusada
de asociación ilícita, de extorsión, de instigación a la violencia, de daño
agravado, de amenazas simples, de enriquecimiento ilícito, de amenazas
coactivas, de malversación de caudales públicos, de encubrir un hecho cometido
en el año 2007, de tentativa de homicidio, de fraude a la Administración
Pública y hasta de haber instigado a arrojar huevos al entonces senador Morales
siete años antes, durante el año 2009. En todos los casos, durante los meses
posteriores a las imputaciones, se fueron conociendo diversas denuncias de
obtención de confesiones a supuestos “involucrados” o “cómplices” de esos
hechos, a través de apremios ilegales y torturas.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos resaltó la ilegalidad de estas acusaciones, de las fijaciones
de prisión preventiva por delitos excarcelables y, en especial, de las
condiciones de detención a que fue sometida: encerramientos de castigo, obligaciones
de silencio, negaciones de agua y alimentos, prohibiciones de bañarse, duchas
nocturnas de agua fría, negativas a proveer lápiz y papel, prohibición de
lecturas y vedas infundadas de recibir visitas. El Superior Tribunal adicto
confirmó todos los encarcelamientos y aun las condenas hasta ahora recibidas: 3
años de prisión por “instigación al delito” (sentencia fundada en el testimonio
de un solo testigo, empleado municipal radical), unificada con la de 13 años
por asociación ilícita y extorsión; esta última confirmada por el Superior
Tribunal y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los pedidos de
prisión domiciliaria por el malogrado estado de salud de Sala luego de las
vejaciones sufridas en prisión fueron rechazados; excepto uno: a los pocos
días, no obstante, y por influencia de Morales, Milagro Sala debió volver a una
cárcel común. También se pronunciaron oficialmente por la ilegalidad de estas
medidas los representantes diplomáticos de 11 países y el Parlamento Europeo.
El carácter político de su
encarcelamiento surgió enmascarado en una frase del propio presidente Mauricio
Macri, dotada de fuerte contenido emocional y oportunista, que tuvo por fin
calar en la estructura anímica y cognitiva de los partidarios del Cambio.
Preguntado en el año 2016 por la prensa internacional sobre las razones del
encarcelamiento de Milagro, a la luz de la cantidad de objeciones legales que
se habían producido dentro y fuera del país, Macri contestó: “La mayoría de los
argentinos SENTIMOS que Milagro Sala debe estar presa”. Morales apoyó estos
dichos en otras declaraciones.
Por lo demás, Gerardo Rubén ha replicado
durante su gobierno las políticas de corte neoliberal/dictatorial que
desenvuelve el gobierno de Macri a escala nacional. Al brutal recorte
presupuestario en Educación le siguió el cierre de cursos, talleres y carreras
en establecimientos públicos, el despido de docentes y una gran cantidad de
suspensiones de inscripciones en programas de menor cantidad de alumnos.
En línea con la impronta xenófoba
del macrismo, entró en conflicto con el presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia a través de la difusión de una farsa desmentida por el propio Evo
Morales. En esta ocasión, el gobernador se hizo eco de una versión que indicaba
que un hospital boliviano habría querido cobrarle la atención a un vecino
jujeño por el solo hecho de ser argentino. Inmediatamente, conocedor de su
público, Gerardo envió un proyecto a la Legislatura para cobrar aranceles a los
extranjeros por atención sanitaria en establecimientos públicos. Evo, por
aquellos días, invitó a todos los “hermanos argentinos” que lo necesitaran, a
atenderse gratis en los centros de salud de Bolivia.
Durante su gestión, salieron a la
luz al menos 50 casos de permisos para que menores de entre 10 y 16 años realizaran
actividades laborales, la mayor parte de ellos en grandes plantaciones de
tabaco. Estos casos contarían con el asentimiento y encubrimiento de la UATRE
(Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), uno de los gremios más
fuertemente alineados con el macrismo. Fuera de este sindicato amigo, Morales
ha efectuado persecuciones a otros gremios para evitar la obstaculización de
sus políticas de destrucción de derechos: el último de estos casos, ocurrido en
septiembre de 2019, fue el intento de intervención del Sindicato de Obreros y
Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Sin embargo, Gerardo también ha
acusado judicialmente al titular del Sindicato de Empleados y Obreros
Municipales y ha amenazado con intervenir el Frente Amplio Gremial (que nuclea
a trabajadores del Estado) luego de la oposición a un ofrecimiento de aumento
salarial del 4 % frente a una inflación del 60 %.
A través de sus influencias sobre
funcionarios de la salud y sobre el esquema judicial local, impidió la práctica
de un aborto no punible a una niña de 12 años que había sido violada por un
hombre de 60.
Morales también está sindicado en
casos de pedidos de “coimas” para “hacer desaparecer” expedientes de obras
públicas ejecutadas en incumplimiento de las normas sobre contrataciones del Estado
provincial. Asimismo, se ha denunciado que 25 de sus parientes han sido
beneficiados con cargos públicos: hijos, primos, cuñados, su ex esposa y su ex
cuñado; tíos, sobrinos y parientes políticos de sus hermanos.
También en consonancia con las
políticas macristas a nivel nacional, el gobernador ha emprendido una
desenfrenada carrera de endeudamiento, que a enero de 2019 había llevado a la
provincia a deber el 107 % de su producto bruto interno. Para ese entonces, el
monto total de deuda era de 40.437 millones de pesos, con un 67 % suscripto en
dólares. Por el aumento de la cotización de la divisa y la toma de nuevos
créditos, sólo en 2019 la deuda habrá crecido un 60 %. Los mayores obstáculos
para afrontar este pasivo son la baja de la recaudación por disminución de la
actividad económica y las exenciones impositivas efectuadas a favor de grandes
empresas y capitales.
Morales ha hecho de Jujuy una de
las provincias con mayor incidencia de represión policial de todo el país. Su
afán disciplinador, profundamente alejado de los principios libertarios con que
comenzó su militancia alfonsinista en la década de 1980, ha servido de
articulación y complemento a las prácticas de uso abusivo de la fuerza pública
por parte de Mauricio Macri. Las crónicas periodísticas reportan hechos de
violencia desmedidos para apagar reclamos de comunidades originarias
desarmadas, de trabajadores despedidos, de organizaciones sociales, de gremios,
de voces opositoras.
Llamativamente, a pesar de que en
su jurisdicción Cambiemos perdió las elecciones presidenciales primarias, Gerardo Morales fue reelecto gobernador con
prácticamente el 44 % de los votos.
Hasta el año 2023 dispondrá sobre
la vida, el patrimonio y el honor de una sociedad mayoritariamente ávida de
ejercicio de los más profundos antivalores. Paradojas de la humana democracia
que, inexplicablemente, vez a vez edifica por medios legítimos las posibilidades
de su propia desaparición.
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