Nombre completo: Alfredo Víctor
CORNEJO NEILA
Fecha de nacimiento: 20 de marzo
de 1962
Como muchos de sus correligionarios,
comenzó militando en la agrupación Franja Morada mientras estudiaba la carrera
de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo. A los 37 años ocupó
su primer cargo político: secretario de gobierno de César Biffi, intendente del
Departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Si bien logró ingresar en la
Legislatura local durante el 2002 como senador, un año más tarde fue convocado
por el gobernador Julio Cobos para ocupar el cargo de Ministro de Gobierno; en
la misma administración fue también, por algunos meses, Ministro de Justicia y
Seguridad.
En 2005 fue elegido diputado
nacional, pero dos después decidió postularse para ocupar la intendencia
de Godoy Cruz. En aquella oportunidad, en línea con la afinidad entre Cobos y
el matrimonio Kirchner, Alfredo Cornejo apoyó la candidatura de Cristina
Fernández para la Presidencia de la Nación. Los buenos resultados económicos de
la gestión nacional traccionaron votos a favor de todos los candidatos con ella
alineados, y así Alfredo logró ser ungido edil del distrito.
Los acontecimientos políticos
posteriores marcaron un distanciamiento entre Julio Cobos y la Presidenta
Cristina Fernández: Cornejo cerró filas dentro del radicalismo y cortó, a
partir de entonces, todo lazo político con cualquier lista del peronismo. Su encomiosa
administración, centrada en la eficiencia del accionar municipal y en el realce
estético de los espacios públicos, le abrió las puertas a la reelección en el
año 2011.
A tono con las tendencias
“antikirchneristas” del momento, desplegó su talento para encauzar la invectiva
mediática puesta en acto por el macrismo en la construcción, disputa y
ejercicio del poder local. Así, logró ser elegido gobernador de la provincia en
el año 2015. Fue mentor y parte, a ese fin, de la cesión de la estructura de la
Unión Cívica Radical al PRO porteño, lo que le infundió argumentadas codicias
de llegar al Poder Ejecutivo Nacional.
Ya en la gobernación, Alfredo
Cornejo desarrolló una fructuosa etapa de coordinación genuflexa con los
arbitrios timocráticos de Mauricio Macri. Sus objetivos centrales fueron proscribir
y estigmatizar al peronismo provincial para asegurar la hegemonía de su fuerza
política, e integrar la fórmula de la reelección de Macri en 2019.
A esos efectos, ofreció la
provincia como campo de experimentación de prácticas antidemocráticas y de
recorte de derechos conquistados. En este sentido, Cornejo aceptó participar
activamente en el escenario de sugestión mediática propuesto por el macrismo, y
valerse de él para dar impulso a su ideario brotado de absolutos. En una
provincia cuyas interacciones sociales tienden mayoritariamente a asegurar un esquema
naturalizado de desigualdad, el gobernador instaló un entramado de ideas-fuerza
de índole totalitaria: “trabajo”, “orden”, “presencia policial”, “limpieza”,
“conducta” y una decidida vocación de exhibir a Mendoza como “provincia modelo
del Cambio” en el ámbito nacional. Contó, para ello, con la aquiescencia de un
amplio sector afectado de afanes disciplinaristas.
Una de las primeras medidas adoptadas,
de intensa pretensión saneatoria, fue la de supeditar el cobro del 10 % de las remuneraciones
docentes a la verificación del cumplimiento de una asistencia perfecta, con muy
escasas excepciones de justificación. Con ello, a la vez de subordinar a un
núcleo-testigo del movimiento obrero, comenzaba a validar la estigmatización
del sindicalismo como garante de la “vagancia”: quien faltara por cualquier
motivo, y especialmente quien se plegara a las huelgas, no cobraría el “ítem
aula”. Su vocación autoritaria y el alineamiento con las políticas
nacionales de desvalorización del trabajo lo condujeron a disponer incrementos salariales
por decreto y en cuotas, en torno al 15 % anual (frente a una inflación real de
más del 50 %), suprimiendo en los hechos las discusiones paritarias. Una
población docente mayoritariamente adicta tomó de buen grado estas medidas
despóticas y se opuso, inclusive, a los reclamos y protestas entablados por sus
propios colegas.
Impulsado por el afán punitivo de
una sociedad conservadora y determinista de fuerte vocación discriminante, Cornejo
elaboró un proyecto de Código Contravencional que pena conductas preparatorias
y tiende a mantener la misma “tranquilidad jerárquica” que sus votantes
procuran para la vida de la provincia. La norma, inspirada en los viejos edictos
policiales largamente tachados de inconstitucionales, contiene un elenco de
conductas reprimidas insuficientemente descriptas, de modo que resulten
finalmente interpretables por el arbitrio de los agentes de seguridad y aun por
el juez. Cornejo impulsó así la puesta en vigencia de los llamados “tipos
penales judiciales” que impiden orientarse por la norma y dejan librado el
patrimonio, la libertad y el honor de los habitantes a la unilateral
apreciación de las autoridades, como medio directo de acoso social.
En tal dirección, el digesto
represivo prevé multas y prisión para quien “ofendiere a una autoridad pública”
o “se hallare en estado de manifiesta embriaguez”; pune a los padres que se
atrasen en ir a buscar a sus hijos a la escuela, castiga al que “adquiriere
indumentaria de las fuerzas de seguridad, sin pertenecer a las mismas”, por el
solo hecho de adquirirla y sanciona al que portare “llaves alteradas o
contrahechas”, junto a otras conductas con único anclaje en preconceptos
fundados en la apreciación moralmente desviada de las apariencias.
Penaliza, además, a quien “evidenciare
una conducta sospechosa”, a personas en situación de calle que utilicen “medios
fraudulentos para suscitar la piedad ajena”, a quien “circulare en cualquier
tipo de medio de transporte reiteradamente por los mismos sitios”, a quien
“mostrare signos de haber escalado tapias o haber intentado hacerlo”, a quien
“fingiere actividad a los efectos de observar bienes o personas”; al que
“provocare humo, aun cuando no hubiere riesgo de propagación” y al que “encendiera
fuego, sin causar incendio”. Incluso, pena a los padres de aquellos traviesos
que “a través de mofas o señas”, “AGREDAN” a sus maestros.
Su proyecto, sancionado por una
Legislatura mayoritariamente afín, avanza también sobre la no punición de acciones
privadas, prohibiendo la realización de eventos masivos “en locales cerrados,
sin dar aviso a la autoridad competente”. Esta implementación le ha facilitado
abrir el “frente económico” de su tarea de persecución política, a través de la
aplicación de multas a manifestantes y organizaciones de corte opositor,
criminalizando así la protesta a favor de la higiene del espacio público.
Para la efectiva aplicación de
este repertorio punitivo y también en armonía con las políticas de disuasión brutal
echadas a andar por el gobierno nacional macrista, Cornejo se ha valido de una herramienta
policial comprada a través de aumentos salariales, a la que dotó de elementos
para el ejercicio abusivo de una violencia institucional mayormente aplaudida.
Su consigna proselitista de 2017,
en apoyo a los candidatos del “cambio” para las elecciones de medio término,
fue “Mano Firme”. Siguiendo esta tónica, y con el fin de exhibir su severidad mercadotécnica entre los habitantes de una jurisdicción ávida de ensañamiento contra sectores relegados, la policía cornejista fue voluntariamente
manipulada y ejerció durante toda su gobernación actos aberrantes de exceso. Por
caso, en octubre de aquel año, detuvieron a una persona ciega que pedía limosna,
en horario pico vespertino y bajo la excusa de encontrarse “drogado y haciendo
disturbios”, lo que ciertamente no era verdad. Son también conocidas en Mendoza
las “razzias” en el transporte público con el fin de encarcelar sin más a
quienes no pudieran demostrar el pago del pasaje: se prohibió de facto, para
facilitar las detenciones, que un tercero se hiciera cargo del boleto, aunque
fuera familiar o amigo. Además, la policía local articuló en forma permanente
acciones de hostigamiento contra poblaciones en situación de vulnerabilidad,
impidiendo su arribo a centros urbanos y solicitando selectivamente
identificación, por simple “portación de rostro”.
Durante los debates del Código
Contravencional, Cornejo mandó apostar un gran número de efectivos en una sala
de la Legislatura, hecho que fue denunciado por varios representantes de la
oposición como intimidante y atentatorio de las libertades de expresión que
atañen a la calidad de los miembros del congreso provincial.
Para lograr la validación
judicial de sus faltas democráticas, Cornejo introdujo en la Suprema Corte
provincial jueces afines a sus aspiraciones y a la ideología macrista, del
mismo modo que Gerardo Morales en Jujuy. Uno de ellos fue su propio ministro de
Gobierno, Trabajo y Justicia.
En materia persecutoria, el gobernador
influyó sobre la actuación de una fiscal también adicta al régimen a fin de
conseguir el encarcelamiento de Nélida Rojas, representante en Mendoza de la
agrupación Tupac Amaru. En consonancia con el espíritu de la época, le mandó
promover un conjunto de causas en la que se la sindicaba como autora de los
delitos de asociación ilícita, extorsión, amenazas coactivas y administración
fraudulenta, en el marco de la ejecución de programas de viviendas sociales.
Igual que Morales y también a través del apoyo de operadores
macristas, Cornejo desactivó el fuerte poder local de la organización en
sectores populares y criminalizó, de paso, la acción social no estatal. Luego
de cuatro meses de prisión preventiva, Nélida Rojas y otros miembros fueron
dejados libres en virtud de un fallo de la Octava Cámara del Crimen, que
justipreció la situación procesal de los imputados de acuerdo con criterios de
justicia ajenos a las tendencias aprioristas propiciadas desde el Ejecutivo.
Como represalia, Cornejo mandó tramitar juicio político contra los magistrados que
suscribieron esa sentencia.
En el entorno sanitario, un
inmediato convenio verbal con el intendente radical del Departamento de
Guaymallén abrió las puertas al ensayo masivo de la llamada “Cobertura Única de
Salud”, un plan que busca reemplazar el Sistema Nacional de Salud por otro de
carácter más restrictivo. El programa incluye la generación de una masiva “big
data”, recopilación de información sensible de los habitantes de la
jurisdicción (más de 300.000) que, bajo la pretensión de garantía de
efectividad, edifica una plataforma de herramientas para la puesta
en marcha de acciones de control social.
A pesar de que el agua es un
recurso sumamente escaso en la provincia, Cornejo dispuso por decreto, aun sobre las reglamentaciones que protegen el recurso hídrico, la permisión de la
técnica de “fracking” para extraer petróleo. Este procedimiento demanda la mezcla
del fluido con unos 200 elementos contaminantes y genera pasivos ambientales de
consideración, además de inutilizar definitivamente millones de litros diarios.
Con ello, atendía las demandas del entorno empresarial presidencial, aun por en contra de la preservación ambiental de su propia provincia. Al mismo
tiempo, rebajó las regalías que deben pagar al Estado las firmas explotadoras; entre
ellas, la denominada “El Trébol”, del Grupo Vila-Manzano, dueño de varios
medios afines a las directivas comunicacionales macristas.
Los números de su gestión
permiten relevar aquella impronta de “modelo terminado” procurado por el
esquema neoliberal que diera nuevo inicio el 10 de diciembre de 2015: luego de
cuatro años, Mendoza verifica más de 9.500 empleados públicos despedidos, una
deuda pública cuadruplicada; 40.000 desocupados más en otros rubros, con tasas
de desempleo que rondan el 10 %; decenas de fábricas y comercios cerrados, una
inflación local que supera a la nacional y un aumento considerable de las
cifras de indigencia. Su partido político impidió que se dictara por ley el
congelamiento de tarifas de energía eléctrica, gas y transporte; también
frustró, más tarde, una ley provincial de emergencia tarifaria que atenuara el
rigor de los incrementos. Cornejo perpetró una reducción presupuestaria
significativa, gradual y sostenida en áreas sensibles como salud y educación, a
pesar de que el gasto en publicidad oficial superó, entre 2018 y 2019, los
1.000 MILLONES de pesos.
No obstante estas notas de, al
menos, ineficiencia en el logro del Bien Común, los mendocinos han elegido al
candidato propuesto por Alfredo para gobernar el distrito en el período
2019-2023, con más del 51 % por ciento de los votos y picos del 63 % en la
propia ciudad capital.
A estos resultados llegó,
nuevamente, gracias a su observación aguda, capacidad de predicción y encauce
de voluntades para la construcción de poder; aptitudes a las que sumó, en tal
coyuntura, los ímpetus de una ofensa personal.
Es que luego de esforzadas tareas
de cumplimiento cabal de directivas, Mauricio Macri, como comportamiento de
clase, le negó la posibilidad de integrar la fórmula presidencial para el
período 2019 – 2023. El PRO, que había comprado el armazón partidario de la
UCR, echaba mano de los arbitrios propios del pagador y le impedía a Alfredo la
continuidad de su ascenso.
Así como se había distanciado de
Cristina Fernández, los tiempos mandaban ahora recortar la relación con Macri.
Para mal de males, la Constitución mendocina impide la reelección de
gobernadores por períodos consecutivos: el “cambio” lo había dejado sin
espacios significativos de influencia política. Lejos de amilanarse, Alfredo
rearmó su proyecto: se postuló como primer candidato a diputado nacional ,
cargo más alto al que podría aspirar, ya que tampoco en 2019 Mendoza elegía
senadores.
Desde la presidencia del bloque
radical en la Cámara Baja, intentará posicionarse para ocupar la Presidencia de
la Nación en 2023.
En el año 2016, Cornejo asistió a
un encuentro con estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo. Las crónicas
periodísticas destacan la aparición de cierto tono intimista, direccionado
hacia el montaje de un perfil de líder construido a fuerza de voluntad
personal e íntegra tenacidad en el logro de los objetivos propuestos. A
la hora de evocar a sus padres, destacó:
“Sin dudas, son mis referentes
morales”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario