Nombre completo: Germán Carlos
GARAVANO
Fecha de nacimiento: 23 de
octubre de 1969
Germán Garavano egresó de la
carrera de abogacía de la Universidad Católica Argentina en el año 1994. Cursó
luego diversas especializaciones en España y en Gran Bretaña. En 1987 inició su
carrera en el Poder Judicial de la Nación, en el fuero penal. Más adelante,
centró sus esfuerzos en ocupar espacios en la nueva organización autónoma de la
Ciudad de Buenos Aires, iniciada con la Constitución local de 1996. Garavano
labró por entonces una serie de vinculaciones con estudios jurídicos
tradicionales, con miembros de la judicatura nacional y con organizaciones no
gubernamentales como el FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de
Justicia), relacionadas con el ejercicio de la abogacía articulado en
coherencia de resultados con los operadores judiciales.
Dentro del ámbito porteño, fue
miembro del Consejo de la Magistratura y juez penal, contravencional y de
faltas. Luego pasó al Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción, donde fue
nombrado Fiscal General, el grado más alto en la jerarquía de ese órgano.
El 14 de diciembre de 2015, ya
ungido Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, firmó uno de los
primeros decretos inconstitucionales de la era Macri: el que designaba como jueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Carlos Fernando Rosenkrantz (por
entonces, abogado del Grupo Clarín) y Horacio Daniel Rosatti, un peronista “no
kirchnerista” que había sido intendente de Santa Fe en los años 90. A través de
una interpretación que desviaba el espíritu de las normas constitucionales, el
mismo decreto contenía en sus considerandos una mención acerca del acuerdo del
Senado necesario para designar magistrados del máximo tribunal nacional. “Oportunamente", dice,
"se le enviarán los pliegos respectivos de los jueces designados en comisión,
los que deberán recibir el correspondiente acuerdo”. Ante algún esbozo de
crítica derramado por un sector de pensadores jurídicos de prestigio, Macri
retiró los nombramientos. La Cámara de Senadores actuó rápidamente para activar
el proceso legal de designación y en el mes de junio de 2016 Rosenkrantz y
Rosatti fueron formalmente ingresados como ministros de la Corte.
Tres años después, Garavano
declaró ante la prensa española que la Corte Suprema, así conformada, “es una
Corte tan independiente que parece opositora”. Confesaba, conjugaba y
naturalizaba, de tal modo, la ilegal irradiación del poder político macrista en
la dinámica del Poder Judicial, inaceptable en el marco de la división de
poderes propia del sistema republicano de gobierno.
La segunda acción que promovió
Germán Garavano desde la cartera de Justicia fue colaborar en la andanada de
presiones institucionales para desplazar a la Procuradora General de la Nación,
la doctora Alejandra Gils Carbó. Desde los medios de comunicación macristas se
difundió la idea de que Gils Carbó era la “jefa de fiscales kirchneristas”, y
que había sido nombrada en esa función para procurar la impunidad de los
funcionarios del período 2003-2015. El mismo Macri dijo, en varias
oportunidades, que la Procuradora carecía de “autoridad moral” para ocupar el
cargo, en plena época de diseminación de mensajes relacionados con una supuesta
camarilla de “jueces kirchneristas” que pondrían “palos en la rueda” del
“cambio”.
Mientras tanto, Germán Garavano iba
elaborando un proyecto de ley similar a otro puesto en vigencia por Gerardo
Morales en Jujuy: la creación de una especie de Ministerio Público Fiscal
“paralelo”, con quita de una gran cantidad de funciones al Procurador General
de la Nación y limitación de 4 años en el ejercicio del cargo. Afirmó
falsamente, además, que la designación que había puesto en funciones a la
Procuradora podía ser revocada a través de un simple decreto presidencial, pero
que Macri no obraría de ese modo porque estaba empeñado en “respetar las
instituciones”.
Gils Carbó, durante todo el
proceso, soportó un verdadero alud mediático plagado de falsas imputaciones y
la creciente consideración negativa de una población captada en su capacidad de
comprender e inteligir, que la sindicaba como parte del publicitado “robo” de
los Kirchner. Luego de que Cambiemos ganara las elecciones de medio término de
2017 con una mayoría ampliada respecto de los comicios de 2015, Alejandra Gils
Carbó renunció a su ministerio. Su reemplazante fue Inés Weinberg de Roca, una
ex jueza de Cámara en la ciudad de Buenos Aires que había sido nombrada por el
propio Macri –cuando era Jefe de Gobierno- en el Tribunal Superior de Justicia
porteño. Hasta la jura de Weinberg, el cargo fue interinamente ocupado por
Eduardo Casal, sindicado desde principios de 2019 como “retrasador” del proceso
disciplinario seguido contra el fiscal Carlos Stornelli, quien no se presentara
jamás a prestar declaración indagatoria por casos de extorsión a falsos imputados frente al juez Alejo Ramos Padilla.
En conexión con la vocación de
apremio institucional que el macrismo encarnara en la figura de la ministra de
seguridad Patricia Bullrich, Garavano participó en la elaboración de un
proyecto de ley que reducía la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 15
años (contra una idea inicial de fijarla en 14). La justificación esbozada ante
la prensa –plagada de preconceptos, eufemismos y concepciones deterministas-
fue la siguiente: “Hoy, un joven de 18 años que comete un delito probablemente
haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer
contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo
acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar”.
La idea, que a fin de cuentas no se
implementó, buscaba canalizar políticamente el ideario viciado de su base
electoral, partidario de la pena de muerte y de la exposición de menores de
sectores relegados a un sistema penal exento de toda garantía de preservación
de la dignidad humana. No obstante este aparente fracaso, Garavano cumplió su
rol de ejecutor de las órdenes publicitarias que le fueron impuestas,
relacionadas con la construcción y difusión del discurso punitivista afín al
decálogo inmoral de sus adherentes.
En tren de atender a las demandas
fundadas en la desviación conductual y ética de una población mayoritariamente
exenta de cultura social, Garavano alentó, además, la aplicación del llamado
“Protocolo de uso de armas de fuego” para las fuerzas de seguridad redactado
desde la cartera al mando de Patricia Bullrich. Durante la presentación de un
proyecto titulado “Justicia 2020”, en la que se exhibió junto a Mauricio Macri,
sostuvo que la permisión de disparar al cuerpo del presunto delincuente ante
situaciones de extrema percepción subjetiva como el “peligro inminente” respondía
a una necesidad que nada tenía que ver con la concepción de “mano dura”, sino con la idea de
“mano justa”. De este modo, una vez más, la eficiente construcción del discurso
por parte de los asesores en mercadotecnia contratados –a esa altura, con
dinero público- dio buenos resultados entre la mayoría, deseosa en sus
imposibilidades éticas de proponer y aceptar soluciones racionales al problema
global de la delincuencia.
Con el correr de los semestres,
Garavano fue intensificando los apoyos explícitos a las construcciones
lingüísticas de fuerte impronta emocional y anclaje en antivalores, propias de
los modos de transmisión exhortativa del macrismo. En esta dirección, saludó
desde las redes sociales a su nuevo “colega” en el ministerio de justicia de
Brasil, el ex juez Sergio Moro, quien poco tiempo antes decidiera con evidente
apartamiento del derecho la prisión de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. El 17 de
abril de 2018 envió condolencias en su carácter de Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, a través de la publicación de un aviso fúnebre en el diario
La Nación, a los familiares del represor Carlos Bernardo Chasseing, gobernador
de Córdoba durante la dictadura y encargado de la “disposición final” de
cadáveres aportados por fuerzas de seguridad en esa jurisdicción.
Coincidentemente, mantuvo reuniones tanto con abogados de los operadores de la última
dictadura cívico-militar condenados por delitos de lesa humanidad como con Cecilia
Pando, activista a favor de la liberación de genocidas. Desde ese lugar, y
también con apoyo comunicacional masivo, se elaboró la idea de que los reos que
se encontraban cumpliendo penas de reclusión perpetua por genocidio fueran
considerados “presos políticos”. La coyuntura internacional no habilitaba la
recepción favorable de las peticiones de indulto presidencial o morigeración de
condenas; sin embargo, muchos de ellos fueron beneficiados, luego de estos
encuentros, con fijaciones de prisiones domiciliarias. Tampoco se accionó
cuando esos beneficiarios incumplieron las condiciones de alojamiento en sus
hogares o salieron de él sin autorización.
El ministro apoyó las conductas
ilegales de Gendarmería Nacional en los sucesos que derivaron en el asesinato
de Santiago Maldonado, como así también las negativas posteriores a brindar el
paradero del joven muerto por agentes del Estado. En momentos en que desde los
medios de comunicación adictos se difundía la locución “terrorismo mapuche” en
cualquier contexto, Garavano reforzó la noción de que aquellos pueblos originarios estaban conformados por “gente violenta”. Estimó por entonces
que las críticas al accionar delictivo de los uniformados constituían “voces
que ponen en peligro el Estado de Derecho”, imagen que resultaba concordante
con la consciencia mayoritaria de incorporar la violencia al
desempeño institucional.
Por su eventual participación en
los hechos que condujeron a la muerte de Maldonado, Garavano, igual que
Patricia Bullrich y Mauricio Macri, podría afrontar una pena de prisión perpetua,
según establece el artículo 142 ter del Código Penal de la Nación.
Germán es también mentor de
una reforma del Código Civil y Comercial redactado durante la segunda
Presidencia de Cristina Fernández, al que pretende derogar por razones extrajurídicas.
También ha prohijado una modificación integral del sistema de jubilaciones y
pensiones a través de la elaboración de un Código de la Seguridad Social, tarea
demandada por el Fondo Monetario Internacional para la que se ha convocado a un
grupo de especialistas vinculados con el programa económico que se intentara
imponer durante el período 1976-1983.
Junto con Daniel Angelici
–presidente de Boca Juniors y vicepresidente del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal- habría operado e influido en la remoción de diversos
funcionarios judiciales que, en regular ejercicio de sus competencias, dictaron
resoluciones que no se avenían con la orientación antigarantista y cercenatoria
de derechos del macrismo. Entre éstos, se encuentran el fiscal Juan Pedro Zoni
(quien solicitara medidas tendientes a esclarecer la participación de Mauricio
Macri en la llamada “causa Correo Argentino”); el fiscal Hernán Schapiro (quien
intervino en la investigación de falsos aportantes y lavado de dinero durante
las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017); el juez Luis Arias (quien falló a
favor de docentes a quienes se les descontaban días de paro, además de dictar cautelares
contra el aumento desmedido de tarifas de luz y gas); la acción revanchista
contra los jueces Jorge Ballestero, Norberto Oyarbide y Eduardo Farah (quienes
habían investigado a Macri en causas por escuchas ilegales); el fiscal Gabriel
de Vedia (quien denunció al titular de la ANSeS por acciones de vaciamiento del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad para provecho de empresarios del entorno presidencial) y
otros funcionarios menores. En la llamada “causa AMIA” fue acusado, también, de
“entorpecer la tarea de la querella tratando de buscar algún favoritismo para
alguno de los acusados”.
Inició, además, una campaña de
notificaciones a jueces que habían cumplido los 75 años de edad, con el fin de
instarlos a renunciar y colocar en su lugar magistrados afines al macrismo. Lo mismo
sucedió respecto de la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena
Highton de Nolasco, quien debió presentar una acción de amparo para permanecer
en su cargo.
En julio de 2017, solicitó al
Senado de la Nación que se retirara el pliego del Dr. Alan Iud como aspirante a
Fiscal, luego de que éste ingresara en el Orden de Mérito respectivo tras la
sustanciación de un concurso público. El fundamento encubierto habría sido su
desempeño como abogado asesor de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo.
Un mes antes, Garavano había mandado
reprimir una protesta efectuada en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, cuyo
personal de limpieza se manifestó durante un acto oficial en reclamo de mejores
salarios y condiciones de trabajo. En aquella oportunidad, funcionarios del
ministerio fueron registrados en videograbaciones apostrofando a los trabajadores de “mogólicos”, “negros de mierda” y
“villeros”.
Afanado en la tarea de generar
resultados emocionales en un público deseoso de experimentarlos, Germán
Garavano fue a lo largo de su gestión desgranando frases afines a los
preconceptos de sus receptores; y así declaró que "Zaffaroni debería dejar
su cargo en la Corte Internacional de Derechos Humanos y dedicarse a la
militancia"; que en la investigación sobre los hechos que derivaron en el
asesinato de Santiago Maldonado hubo “agresores que siempre se resistieron con
piedras a que se lleven adelante rastrillajes” para encontrar el cuerpo ocultado
por los propios homicidas; que el asunto había tomado una “extrema politización
en un escenario electoral” (letra que fuera repetida por los partidarios
macristas de todo el país); que "debería
haber un repudio de la comunidad a lo que hicieron algunos gremios docentes"
(esto es, enseñar sobre el caso Maldonado en las aulas) y otras del mismo tenor. A su
turno, se manifestó “respetuoso del debido proceso” en las farsas judiciales
que tuvieron como consecuencia liminar el encarcelamiento de opositores políticos
como Milagro Sala, Amado Boudou, Julio De Vido, Luis D’Elía, Carlos Zannini y
otras figuras centrales del kirchnerismo.
Garavano firmó todos y cada uno
de los Decretos de Necesidad y Urgencia inconstitucionales que elaborara el
“equipo” de Mauricio Macri; incluido el de “extinción de dominio”, que vulnera
garantías constitucionales, asegura penas de índole patrimonial sin proceso
previo y legisla –sin competencia para ello- sobre ámbitos propios del derecho procesal civil.
A pesar de constituirse
voluntariamente en un acatador incondicional y ejecutor del plan macrista de
devastación republicana, por alguna razón la diputada adicta Elisa “Lilita”
Carrió se disgustó con él. Un día, el ícono político de la clase media porteña sostuvo que
Garavano no tenía la menor idea acerca de la dimensión de las causas que debe
tratar como ministro de la Nación. La acometida llegó, inexplicablemente, hasta
la solicitud de juicio político, lo que provocó estupor en todo el llamado
“arco Cambiemos”.
Respecto de la intencionalidad
con la que Garavano habría obrado en cumplimiento de las
directivas impartidas por Mauricio Macri, Carrió opinó:
“No digo que sea malo, pero ser
imbécil también es un error”.
Quizás, y aun desde la evidente
insania, Lilita lo estuviera protegiendo.
