Fecha de Nacimiento: 11 de junio de 1956
Alias: “La Piba” – “Carolina Serrano”
Alias: “La Piba” – “Carolina Serrano”
A contrapelo de su origen patricio, (Bullrich-Luro Pueyrredón), desde
adolescente formó parte de la resistencia armada peronista que derivó en
la formación de Montoneros, donde tomó el nombre clandestino de
Carolina Serrano y llegó al grado de segunda teniente. Su habilidad
política le facilitó la generación de vínculos con expatriados del
peronismo revolucionario. Debió, sin embargo, exiliarse en México y
luego en España y Francia; no sólo en razón de ser perseguida por el
aparato para-estatal de los años 70s, sino, además, en virtud de la
acusación que le formulara un sector de sus pares de haber delatado y
“entregado” a propios compañeros de lucha. Regresó clandestinamente en
el año 1978.
Se vinculó en Europa con Rodolfo Galimberti,
pareja de su hermana Julieta Bullrich y comandante de la “Columna Norte”
del ejército revolucionario.
De la unión con el dirigente montonero Marcelo “Pancho” Langieri nació su único hijo, Francisco.
Vuelta la democracia y blanqueado su pasado guerrillero, se sumó
primero a la lista de Antonio Cafiero y, luego de que éste perdiera
finalmente en las internas para ocupar la presidencia de la Nación, pasó
a formar parte del plantel menemista. Logró así ser diputada desde
1993. Ocupó luego diversos cargos en la provincia de Buenos Aires; pero,
desgastado el menemato, decidió integrarse a la llamada “Alianza”, una
coalición de partidos en la que predominaba la influencia de la Unión
Cívica Radical. Allí llegó a propuesta de Fernando de Santibáñez, quien a
la sazón era ex titular de los Servicios de Inteligencia del Estado.
Con el triunfo de Fernando de la Rúa en los comicios de 1999, Patricia
Bullrich fue designada Secretaria de Políticas Criminales. La necesidad
de endurecer las decisiones económicas y a la vez de blindar el
descontento social en razón de la crisis de fin de siglo, motivó a de la
Rúa a colocarla en el Ministerio de Trabajo y luego en el Ministerio de
Seguridad Social. Desde allí, abandonando sus primeros principios
libertarios, enfrentó al sindicalismo y dispuso una quita salarial del
13 % a trabajadores y jubilados, con el fin de hacerles soportar
“proporcionalmente” el peso de la crisis y de contener el gasto público,
medida que fuera sugerida por Domingo Felipe Cavallo, el nuevo Ministro
de Economía, quien seguía las directivas del Fondo Monetario
Internacional.
Durante su gestión como ministra de la Alianza, el desempleo en la Argentina alcanzó el máximo histórico del 25 %.
Extinguido el gobierno radical por la crisis del año 2001 –que la tuvo
como protagonista de la generación de políticas de segregación
económica- Bullrich formó un partido propio llamado “Unión por la
Libertad”, que luego adhirió a la Coalición Cívica liderada por la
radical disidente Elisa “Lilita” Carrió. Esta dirigente, no obstante, la
había denunciado penalmente unos años antes por asociación ilícita y
traición a la patria, con motivo de la suscripción de un decreto que
privilegiaba el pago de bonos de deuda por sobre las jubilaciones y
sueldos de los empleados públicos. El proceso quedó en agua de borrajas y
el nuevo canal político le permitió a Bullrich, ahora aliada de su
denunciante, obtener el cargo de diputada nacional por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los años 2007 y 2015.
En
ejercicio de su mandato representativo, Patricia Bullrich pergeñó con
Laura Alonso –en ese tiempo diputada del PRO- la citación al Congreso de
la Nación del fiscal Alberto Nisman para que diera cuenta de una
denuncia de traición a la patria, consensuada con el macrismo, en
perjuicio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego del
suicidio del funcionario, se constató que en su teléfono celular había
decenas de llamados de Bullrich y Alonso: las comunicaciones habrían
tenido por fin presionar a Nisman para que dijese ante los legisladores
exactamente lo que desde la oposición y el poder real se había pautado.
Para entonces, las alianzas políticas que Bullrich había generado desde
su espacio en la Coalición Cívica, su fuerte impronta antikirchnerista,
el nuevo rol de “Lilita” Carrió como referente del macrismo, su
participación en el armado mediático que condujo al triunfo electoral de
Mauricio Macri en 2015 y su pasado en acciones de despliegue del uso de
la fuerza, alimentaron la decisión del nuevo presidente de instituirla
como Ministra de Seguridad.
En dicha cartera, Patricia Bullrich
encontró un espacio de liberación de sus tensiones agresivas y desplegó
una de las políticas de ejercicio de la violencia por parte del Estado
más intensas y violatorias de los principios democráticos de toda la
historia argentina.
Durante su ministerio, que aún no finaliza,
las fuerzas de seguridad que comanda han asesinado desde el 10 de
diciembre de 2015 a una persona cada 22 horas.
Las muertes
provocadas por el “entorno Bullrich” incluyen el homicidio del joven
manifestante Santiago Maldonado que, de esclarecerse, podría constituir
el delito de privación de la libertad seguida de muerte, calificada por
su realización por un grupo de personas que actuaron con la
autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguido de la falta de
información y negativa a reconocer dicha privación.
Con el
beneplácito de una mayoría profundamente arraigada en antivalores, y en
palmario desconocimiento de principios elementales del derecho penal,
Patricia Bullrich ideó un “Protocolo de Uso de Armas de Fuego” por parte
de las fuerzas de seguridad, que otorga a sus agentes la posibilidad de
disparar contra el cuerpo de quien genere lo que a criterio del
represor configure un “peligro inminente”.
La redacción y
puesta en vigencia del Protocolo surgió como un modo de canalizar
políticamente la aceptación mayoritaria de la llamada “Doctrina
Chocobar”, tal el apellido de un policía que, en exceso de sus
atribuciones, disparara y diera muerte a un delincuente que se
encontraba en el piso, desarmado y herido de bala en una pierna. Tanto
Bullrich como Macri felicitaron al agente, quien a la fecha se encuentra
procesado.
Una muerte que también se enmarcaría dentro de los
actos de terrorismo de Estado, provocada por la Prefectura Naval a su
cargo, es la del joven mapuche Rafael Nahuel, quien fuera asesinado por
la espalda mientras escapaba de la agresión ilegítima de las fuerzas de
seguridad. Bullrich declaró por entonces que los mapuches se encontraban
en proceso de “tomar el territorio”, para conformar una Nación
independiente.
La ministra, asimismo, apoyó y justificó el
accionar delictivo de funcionarios policiales que el 21 de mayo de 2019
asesinaron a cuatro adolescentes en la localidad de San Miguel del
Monte, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió en ocasión en que los
jóvenes paseaban en automóvil y, de pronto, comenzaron a ser
perseguidos por los agentes. El conductor, asustado, tomó la decisión de
acelerar y escapar del hostigamiento policial. Los uniformados, en
aplicación de la “doctrina Chocobar” y del Protocolo de Uso de Armas de
Fuego, dispararon directamente contra ellos: el automóvil finalizó
estrellándose contra un camión y todos sus ocupantes murieron.
Patricia Bullrich ha complementado la puesta en marcha de medidas
económicas neoliberales con la dirección de acciones de represión contra
trabajadores despedidos, jubilados víctimas de los recortes decididos
en materia previsional y reclamantes en general, organizados o no. En
dichos actos de violencia, las fuerzas lideradas por Bullrich han
disparado con balas de goma y de plomo a mansalva, incluso contra niños,
periodistas y meros transeúntes. Durante las protestas contra la Ley de
Reforma Previsional, el personal a su cargo impidió la entrada al
Congreso de legisladores de la oposición, rociándolos con gas
lacrimógeno.
Mandó apalear, también, a la canciller venezolana
Delcy Rodríguez, con el fin de que no ingresara a una reunión de líderes
del Mercosur.
En el año 2017, instruyó el envío de
comunicaciones a través de la Cancillería a todas las embajadas y
consulados argentinos en el mundo, para que denegaran las autorizaciones
de ingreso al país a representantes de instituciones de derechos
humanos y aun de pensadores reconocidos en el ámbito de la lucha por las
libertades civiles.
Además, organizó y ejecutó políticas de
persecución a empleados y funcionarios públicos, a través de programas
de espionaje y obligaciones ilegales de denunciar antecedentes
partidarios de los trabajadores, su ideología política y su eventual
participación en agrupaciones sindicales.
Durante su gestión,
el Estado Nacional batió records de compra de armamentos, pertrechos y
maquinarias de violencia. Tal política incluyó la adquisición de cuatro
lanchas israelíes equipadas con armas de guerra por un costo que superó
los 48 millones de dólares, cinco veces más de lo que habrían costado si
se hubieran fabricado en el país. En el año 2018 ordenó la tramitación
de una licitación pública para la compra de 15 millones de municiones de
goma.
Sólo por la muerte de Santiago Maldonado y en virtud de
la letra del artículo 142 ter del Código Penal, Patricia Bullrich podría
ser condenada a la pena de prisión perpetua. Al tratarse de un delito
de lesa humanidad, no existe plazo de prescripción para juzgarla.
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