Fecha de Nacimiento: 23 de diciembre de 1972.
En el año 2009 fue elegida diputada nacional por el PRO, partido liderado por Mauricio Macri. Por entonces, Alonso se desempeñaba como Directora Ejecutiva de la fundación Poder Ciudadano, una organización amigable al macrismo que en su Código de Ética establece la conveniencia de que “ningún miembro se desempeñe en cargos públicos ni partidarios, ni se postule a cargos electivos”.
Acérrima y explícita antikirchnerista emocional, fue una de las personalidades del PRO que más abogó por la vinculación de Cristina Fernández de Kirchner con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Junto con Patricia Bullrich pergeñó la celebración de una audiencia en el Congreso de la Nación, en la que el funcionario debería informar sobre la gravitación de la ex presidenta en un supuesto encubrimiento de los autores del atentado a la sede de la AMIA. El fiscal se suicidó un día antes del acto y en su teléfono celular se registraron decenas de llamados provenientes tanto de Patricia Bullrich como de Laura Alonso, quienes lo habrían presionado para montar la escena de incriminación. Desde entonces, Alonso brega por el reconocimiento de un homicidio y sindica a CFK como su autora.
En el año 2015, Laura Alonso fue designada por Mauricio Macri como titular de la Oficina Anticorrupción, cargo para el que no podía siquiera postularse, debido a que la reglamentación entonces vigente exigía “tener no menos de seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial". El 23 de diciembre de 2015, fecha en que Laura cumplía 43 años, se publicó el Decreto Nº 226/2015, que eliminó el requisito del título y cambió el nombre del cargo al de “Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.
En el desempeño de esta función, Laura Alonso demostró no sólo una palmaria impericia; sino, además, el despliegue de una parcialidad manifiesta. Si bien se presentó como querellante en cuanta causa involucrara a personalidades del gobierno precedente y apeló todos los sobreseimientos dictados por los distintos tribunales, pasó por alto más de 22.000 omisiones de presentación de declaraciones juradas de funcionarios del macrismo.
Entre sus errores técnicos más recordados, figura la recomendación de, ante la duda, “delegar hacia arriba” la firma de resoluciones en las que pudiera quedar comprometida la ética pública, lo que resulta imposible desde el punto de vista del derecho administrativo más elemental.
Apenas iniciada su gestión, y frente a la evidencia de que Mauricio Macri se hallaba involucrado en decenas de organizaciones fraudulentas radicadas en Panamá, Laura declaró que “tener una empresa off shore en un paraíso fiscal no es en sí mismo un delito”.
Encubrió el conflicto de intereses público-privados evidenciado en el nombramiento de Juan José Aranguren como Ministro de Energía de la Nación. Recomendó una suerte de “contrato de testaferro” a través de la venta a un tercero de las acciones de Shell de las que Aranguren era titular. Más adelante, cuando el ministro fue imputado por favorecer a una filial de la petrolera en la compra de gas licuado, Alonso decidió no efectuar ninguna presentación.
Similar ejercicio de pasividad favoritista exhibió en oportunidad de que el Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere recibiera, en pleno ejercicio de sus funciones, una gratificación de $ 500.000 por parte de la Sociedad Rural Argentina, entidad que había presidido hasta su nombramiento. La Oficina Anticorrupción no investigó este hecho, a pesar de que la propia hermana de Etchevere presentara pruebas que corroboraban la dádiva, como así también una diferencia de más de 20 millones de pesos en las declaraciones juradas del ministro.
Tampoco inició investigaciones en casos de resonancia en que se encuentran involucrados bienes y empleados del grupo empresario de la familia Macri, como la compra irregular de terrenos al Estado y su posterior venta como parques eólicos; y la negociación, con evidente perjuicio para la Nación y complicidad de funcionarios judiciales, de la deuda contraída por el Correo Argentino en manos de Mauricio Macri.
Su propia hermana, Soledad Alonso, fue beneficiada “de hecho” con la excepción de renunciar a su cargo en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, deber que por decreto había impuesto Mauricio Macri a los parientes de sus ministros y secretarios. Laura Alonso no intervino a fin de pesquisar las eventuales irregularidades o quebrantamientos éticos en esta continuidad laboral, y hasta advirtió que accionaría judicialmente si la noticia se publicaba.
En el año 2018, fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos públicos. Se le reprochó haber contratado por sumas millonarias a la consultora CONSUASOR, para que ejerciera las funciones de prensa de la Oficina Anticorrupción, algo que resultaba abiertamente innecesario en un organismo público. CONSUASOR posee vinculaciones políticas con Cambiemos y recibió también dinero por otras seis contrataciones superfluas en la Administración Pública Nacional.
Ese mismo año, la diputada Graciela Camaño encabezó una denuncia contra Alonso que incluyó el asunto del Correo Argentino y su abstención total de investigar acciones y conductas delictivas que involucran a funcionarios del macrismo.
Al resultar evidente esta postura de encubrimiento, en mayo de 2019 declaró que la Oficina Anticorrupción no centraba sus esfuerzos en la averiguación de delitos por parte del entorno presidencial “porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este Gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales".
En esta orientación, tampoco ha cuestionado los casos conocidos de uso privado del helicóptero presidencial por parte tanto de Macri como de su esposa, tales el de haber recogido a la niña Antonia Macri del jardín de infantes (dejándolo en el enorme predio contiguo de la Agencia Nacional de Discapacidad) o la visita proselitista a un centro de jubilados en el barrio de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la cual “estacionó” la aeronave en la cancha del club Atlanta.
Puesta en conocimiento público la eventual connivencia delictiva entre el fiscal Carlos Stornelli, el juez venal Claudio Bonadío y el usurpador de títulos Marcelo D’Alessio –una asociación ilícita que extorsionaba a falsos imputados para tramitar causas armadas contra funcionarios del kirchnerismo- Alonso adoptó la polémica postura de apoyar al fiscal que rehusó presentarse a las indagatorias y fabuló públicamente acerca de un posible plan de la oposición para matarlo.
A pesar de encontrarse en funciones como “Secretaria de Ética”, en las redes sociales no ha dejado nunca de publicar mensajes de violencia y discriminación contra los partidos de la oposición, y de tildar de “banda de ladrones” al peronismo. Sindica de “corruptos” a ex funcionarios que no han sido condenados por corrupción. Desde el año 2013, ha declarado en varias oportunidades que “podría enamorarse” de Mauricio Macri.
Sus libertades expresivas se extendieron, incluso, a la burla por el caso más sonante de terrorismo de Estado cometido por el macrismo. A una publicación de la “Dra. Pignata” (Hernán Lombardi) que mostraba una caja con huesos humanos y consignaba que “acá termina el camino de Santiago Maldonado”, Alonso contestó “Love U” (“Te Amo”).
Hasta el mes de julio de 2017, los medios no hegemónicos informaban que Laura Alonso había aumentado su patrimonio un 160 % durante la gestión macrista. No existen noticias posteriores acerca de la evolución de su fortuna.
Licenciada en Ciencias Políticas y Magister en Administración Pública y Políticas Públicas.
En el año 2009 fue elegida diputada nacional por el PRO, partido liderado por Mauricio Macri. Por entonces, Alonso se desempeñaba como Directora Ejecutiva de la fundación Poder Ciudadano, una organización amigable al macrismo que en su Código de Ética establece la conveniencia de que “ningún miembro se desempeñe en cargos públicos ni partidarios, ni se postule a cargos electivos”.
Acérrima y explícita antikirchnerista emocional, fue una de las personalidades del PRO que más abogó por la vinculación de Cristina Fernández de Kirchner con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Junto con Patricia Bullrich pergeñó la celebración de una audiencia en el Congreso de la Nación, en la que el funcionario debería informar sobre la gravitación de la ex presidenta en un supuesto encubrimiento de los autores del atentado a la sede de la AMIA. El fiscal se suicidó un día antes del acto y en su teléfono celular se registraron decenas de llamados provenientes tanto de Patricia Bullrich como de Laura Alonso, quienes lo habrían presionado para montar la escena de incriminación. Desde entonces, Alonso brega por el reconocimiento de un homicidio y sindica a CFK como su autora.
En el año 2015, Laura Alonso fue designada por Mauricio Macri como titular de la Oficina Anticorrupción, cargo para el que no podía siquiera postularse, debido a que la reglamentación entonces vigente exigía “tener no menos de seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial". El 23 de diciembre de 2015, fecha en que Laura cumplía 43 años, se publicó el Decreto Nº 226/2015, que eliminó el requisito del título y cambió el nombre del cargo al de “Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.
En el desempeño de esta función, Laura Alonso demostró no sólo una palmaria impericia; sino, además, el despliegue de una parcialidad manifiesta. Si bien se presentó como querellante en cuanta causa involucrara a personalidades del gobierno precedente y apeló todos los sobreseimientos dictados por los distintos tribunales, pasó por alto más de 22.000 omisiones de presentación de declaraciones juradas de funcionarios del macrismo.
Entre sus errores técnicos más recordados, figura la recomendación de, ante la duda, “delegar hacia arriba” la firma de resoluciones en las que pudiera quedar comprometida la ética pública, lo que resulta imposible desde el punto de vista del derecho administrativo más elemental.
Apenas iniciada su gestión, y frente a la evidencia de que Mauricio Macri se hallaba involucrado en decenas de organizaciones fraudulentas radicadas en Panamá, Laura declaró que “tener una empresa off shore en un paraíso fiscal no es en sí mismo un delito”.
Encubrió el conflicto de intereses público-privados evidenciado en el nombramiento de Juan José Aranguren como Ministro de Energía de la Nación. Recomendó una suerte de “contrato de testaferro” a través de la venta a un tercero de las acciones de Shell de las que Aranguren era titular. Más adelante, cuando el ministro fue imputado por favorecer a una filial de la petrolera en la compra de gas licuado, Alonso decidió no efectuar ninguna presentación.
Similar ejercicio de pasividad favoritista exhibió en oportunidad de que el Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere recibiera, en pleno ejercicio de sus funciones, una gratificación de $ 500.000 por parte de la Sociedad Rural Argentina, entidad que había presidido hasta su nombramiento. La Oficina Anticorrupción no investigó este hecho, a pesar de que la propia hermana de Etchevere presentara pruebas que corroboraban la dádiva, como así también una diferencia de más de 20 millones de pesos en las declaraciones juradas del ministro.
Tampoco inició investigaciones en casos de resonancia en que se encuentran involucrados bienes y empleados del grupo empresario de la familia Macri, como la compra irregular de terrenos al Estado y su posterior venta como parques eólicos; y la negociación, con evidente perjuicio para la Nación y complicidad de funcionarios judiciales, de la deuda contraída por el Correo Argentino en manos de Mauricio Macri.
Su propia hermana, Soledad Alonso, fue beneficiada “de hecho” con la excepción de renunciar a su cargo en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, deber que por decreto había impuesto Mauricio Macri a los parientes de sus ministros y secretarios. Laura Alonso no intervino a fin de pesquisar las eventuales irregularidades o quebrantamientos éticos en esta continuidad laboral, y hasta advirtió que accionaría judicialmente si la noticia se publicaba.
En el año 2018, fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos públicos. Se le reprochó haber contratado por sumas millonarias a la consultora CONSUASOR, para que ejerciera las funciones de prensa de la Oficina Anticorrupción, algo que resultaba abiertamente innecesario en un organismo público. CONSUASOR posee vinculaciones políticas con Cambiemos y recibió también dinero por otras seis contrataciones superfluas en la Administración Pública Nacional.
Ese mismo año, la diputada Graciela Camaño encabezó una denuncia contra Alonso que incluyó el asunto del Correo Argentino y su abstención total de investigar acciones y conductas delictivas que involucran a funcionarios del macrismo.
Al resultar evidente esta postura de encubrimiento, en mayo de 2019 declaró que la Oficina Anticorrupción no centraba sus esfuerzos en la averiguación de delitos por parte del entorno presidencial “porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este Gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales".
En esta orientación, tampoco ha cuestionado los casos conocidos de uso privado del helicóptero presidencial por parte tanto de Macri como de su esposa, tales el de haber recogido a la niña Antonia Macri del jardín de infantes (dejándolo en el enorme predio contiguo de la Agencia Nacional de Discapacidad) o la visita proselitista a un centro de jubilados en el barrio de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la cual “estacionó” la aeronave en la cancha del club Atlanta.
Puesta en conocimiento público la eventual connivencia delictiva entre el fiscal Carlos Stornelli, el juez venal Claudio Bonadío y el usurpador de títulos Marcelo D’Alessio –una asociación ilícita que extorsionaba a falsos imputados para tramitar causas armadas contra funcionarios del kirchnerismo- Alonso adoptó la polémica postura de apoyar al fiscal que rehusó presentarse a las indagatorias y fabuló públicamente acerca de un posible plan de la oposición para matarlo.
A pesar de encontrarse en funciones como “Secretaria de Ética”, en las redes sociales no ha dejado nunca de publicar mensajes de violencia y discriminación contra los partidos de la oposición, y de tildar de “banda de ladrones” al peronismo. Sindica de “corruptos” a ex funcionarios que no han sido condenados por corrupción. Desde el año 2013, ha declarado en varias oportunidades que “podría enamorarse” de Mauricio Macri.
Sus libertades expresivas se extendieron, incluso, a la burla por el caso más sonante de terrorismo de Estado cometido por el macrismo. A una publicación de la “Dra. Pignata” (Hernán Lombardi) que mostraba una caja con huesos humanos y consignaba que “acá termina el camino de Santiago Maldonado”, Alonso contestó “Love U” (“Te Amo”).
Hasta el mes de julio de 2017, los medios no hegemónicos informaban que Laura Alonso había aumentado su patrimonio un 160 % durante la gestión macrista. No existen noticias posteriores acerca de la evolución de su fortuna.
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