Patricia BULLRICH

     Fecha de Nacimiento: 11 de junio de 1956

      Alias: “La Piba” – “Carolina Serrano”
   

     A contrapelo de su origen patricio, (Bullrich-Luro Pueyrredón), desde adolescente formó parte de la resistencia armada peronista que derivó en la formación de Montoneros, donde tomó el nombre clandestino de Carolina Serrano y llegó al grado de segunda teniente. Su habilidad política le facilitó la generación de vínculos con expatriados del peronismo revolucionario. Debió, sin embargo, exiliarse en México y luego en España y Francia; no sólo en razón de ser perseguida por el aparato para-estatal de los años 70s, sino, además, en virtud de la acusación que le formulara un sector de sus pares de haber delatado y “entregado” a propios compañeros de lucha. Regresó clandestinamente en el año 1978.

   

   Se vinculó en Europa con Rodolfo Galimberti, pareja de su hermana Julieta Bullrich y comandante de la “Columna Norte” del ejército revolucionario.

  

    De la unión con el dirigente montonero Marcelo “Pancho” Langieri nació su único hijo, Francisco.

     

    Vuelta la democracia y blanqueado su pasado guerrillero, se sumó primero a la lista de Antonio Cafiero y, luego de que éste perdiera finalmente en las internas para ocupar la presidencia de la Nación, pasó a formar parte del plantel menemista. Logró así ser diputada desde 1993. Ocupó luego diversos cargos en la provincia de Buenos Aires; pero, desgastado el menemato, decidió integrarse a la llamada “Alianza”, una coalición de partidos en la que predominaba la influencia de la Unión Cívica Radical. Allí llegó a propuesta de Fernando de Santibáñez, quien a la sazón era ex titular de los Servicios de Inteligencia del Estado.

      Con el triunfo de Fernando de la Rúa en los comicios de 1999, Patricia Bullrich fue designada Secretaria de Políticas Criminales. La necesidad de endurecer las decisiones económicas y a la vez de blindar el descontento social en razón de la crisis de fin de siglo, motivó a de la Rúa a colocarla en el Ministerio de Trabajo y luego en el Ministerio de Seguridad Social. Desde allí, abandonando sus primeros principios libertarios, enfrentó al sindicalismo y dispuso una quita salarial del 13 % a trabajadores y jubilados, con el fin de hacerles soportar “proporcionalmente” el peso de la crisis y de contener el gasto público, medida que fuera sugerida por Domingo Felipe Cavallo, el nuevo Ministro de Economía, quien seguía las directivas del Fondo Monetario Internacional.

      Durante su gestión como ministra de la Alianza, el desempleo en la Argentina alcanzó el máximo histórico del 25 %.

      Extinguido el gobierno radical por la crisis del año 2001 –que la tuvo como protagonista de la generación de políticas de segregación económica- Bullrich formó un partido propio llamado “Unión por la Libertad”, que luego adhirió a la Coalición Cívica liderada por la radical disidente Elisa “Lilita” Carrió. Esta dirigente, no obstante, la había denunciado penalmente unos años antes por asociación ilícita y traición a la patria, con motivo de la suscripción de un decreto que privilegiaba el pago de bonos de deuda por sobre las jubilaciones y sueldos de los empleados públicos. El proceso quedó en agua de borrajas y el nuevo canal político le permitió a Bullrich, ahora aliada de su denunciante, obtener el cargo de diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2007 y 2015.

      En ejercicio de su mandato representativo, Patricia Bullrich pergeñó con Laura Alonso –en ese tiempo diputada del PRO- la citación al Congreso de la Nación del fiscal Alberto Nisman para que diera cuenta de una denuncia de traición a la patria, consensuada con el macrismo, en perjuicio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego del suicidio del funcionario, se constató que en su teléfono celular había decenas de llamados de Bullrich y Alonso: las comunicaciones habrían tenido por fin presionar a Nisman para que dijese ante los legisladores exactamente lo que desde la oposición y el poder real se había pautado.

      Para entonces, las alianzas políticas que Bullrich había generado desde su espacio en la Coalición Cívica, su fuerte impronta antikirchnerista, el nuevo rol de “Lilita” Carrió como referente del macrismo, su participación en el armado mediático que condujo al triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015 y su pasado en acciones de despliegue del uso de la fuerza, alimentaron la decisión del nuevo presidente de instituirla como Ministra de Seguridad.

      En dicha cartera, Patricia Bullrich encontró un espacio de liberación de sus tensiones agresivas y desplegó una de las políticas de ejercicio de la violencia por parte del Estado más intensas y violatorias de los principios democráticos de toda la historia argentina.

      Durante su ministerio, que aún no finaliza, las fuerzas de seguridad que comanda han asesinado desde el 10 de diciembre de 2015 a una persona cada 22 horas.

      Las muertes provocadas por el “entorno Bullrich” incluyen el homicidio del joven manifestante Santiago Maldonado que, de esclarecerse, podría constituir el delito de privación de la libertad seguida de muerte, calificada por su realización por un grupo de personas que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguido de la falta de información y negativa a reconocer dicha privación.

      Con el beneplácito de una mayoría profundamente arraigada en antivalores, y en palmario desconocimiento de principios elementales del derecho penal, Patricia Bullrich ideó un “Protocolo de Uso de Armas de Fuego” por parte de las fuerzas de seguridad, que otorga a sus agentes la posibilidad de disparar contra el cuerpo de quien genere lo que a criterio del represor configure un “peligro inminente”.

      La redacción y puesta en vigencia del Protocolo surgió como un modo de canalizar políticamente la aceptación mayoritaria de la llamada “Doctrina Chocobar”, tal el apellido de un policía que, en exceso de sus atribuciones, disparara y diera muerte a un delincuente que se encontraba en el piso, desarmado y herido de bala en una pierna. Tanto Bullrich como Macri felicitaron al agente, quien a la fecha se encuentra procesado.

      Una muerte que también se enmarcaría dentro de los actos de terrorismo de Estado, provocada por la Prefectura Naval a su cargo, es la del joven mapuche Rafael Nahuel, quien fuera asesinado por la espalda mientras escapaba de la agresión ilegítima de las fuerzas de seguridad. Bullrich declaró por entonces que los mapuches se encontraban en proceso de “tomar el territorio”, para conformar una Nación independiente.

      La ministra, asimismo, apoyó y justificó el accionar delictivo de funcionarios policiales que el 21 de mayo de 2019 asesinaron a cuatro adolescentes en la localidad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió en ocasión en que los jóvenes paseaban en automóvil y, de pronto, comenzaron a ser perseguidos por los agentes. El conductor, asustado, tomó la decisión de acelerar y escapar del hostigamiento policial. Los uniformados, en aplicación de la “doctrina Chocobar” y del Protocolo de Uso de Armas de Fuego, dispararon directamente contra ellos: el automóvil finalizó estrellándose contra un camión y todos sus ocupantes murieron.

      Patricia Bullrich ha complementado la puesta en marcha de medidas económicas neoliberales con la dirección de acciones de represión contra trabajadores despedidos, jubilados víctimas de los recortes decididos en materia previsional y reclamantes en general, organizados o no. En dichos actos de violencia, las fuerzas lideradas por Bullrich han disparado con balas de goma y de plomo a mansalva, incluso contra niños, periodistas y meros transeúntes. Durante las protestas contra la Ley de Reforma Previsional, el personal a su cargo impidió la entrada al Congreso de legisladores de la oposición, rociándolos con gas lacrimógeno.

      Mandó apalear, también, a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, con el fin de que no ingresara a una reunión de líderes del Mercosur.

      En el año 2017, instruyó el envío de comunicaciones a través de la Cancillería a todas las embajadas y consulados argentinos en el mundo, para que denegaran las autorizaciones de ingreso al país a representantes de instituciones de derechos humanos y aun de pensadores reconocidos en el ámbito de la lucha por las libertades civiles.

     Además, organizó y ejecutó políticas de persecución a empleados y funcionarios públicos, a través de programas de espionaje y obligaciones ilegales de denunciar antecedentes partidarios de los trabajadores, su ideología política y su eventual participación en agrupaciones sindicales.

      Durante su gestión, el Estado Nacional batió records de compra de armamentos, pertrechos y maquinarias de violencia. Tal política incluyó la adquisición de cuatro lanchas israelíes equipadas con armas de guerra por un costo que superó los 48 millones de dólares, cinco veces más de lo que habrían costado si se hubieran fabricado en el país. En el año 2018 ordenó la tramitación de una licitación pública para la compra de 15 millones de municiones de goma.

      Sólo por la muerte de Santiago Maldonado y en virtud de la letra del artículo 142 ter del Código Penal, Patricia Bullrich podría ser condenada a la pena de prisión perpetua. Al tratarse de un delito de lesa humanidad, no existe plazo de prescripción para juzgarla.

Laura ALONSO

     Fecha de Nacimiento: 23 de diciembre de 1972.

    Licenciada en Ciencias Políticas y Magister en Administración Pública y Políticas Públicas.

     En el año 2009 fue elegida diputada nacional por el PRO, partido liderado por Mauricio Macri. Por entonces, Alonso se desempeñaba como Directora Ejecutiva de la fundación Poder Ciudadano, una organización amigable al macrismo que en su Código de Ética establece la conveniencia de que “ningún miembro se desempeñe en cargos públicos ni partidarios, ni se postule a cargos electivos”.

     Acérrima y explícita antikirchnerista emocional, fue una de las personalidades del PRO que más abogó por la vinculación de Cristina Fernández de Kirchner con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Junto con Patricia Bullrich pergeñó la celebración de una audiencia en el Congreso de la Nación, en la que el funcionario debería informar sobre la gravitación de la ex presidenta en un supuesto encubrimiento de los autores del atentado a la sede de la AMIA. El fiscal se suicidó un día antes del acto y en su teléfono celular se registraron decenas de llamados provenientes tanto de Patricia Bullrich como de Laura Alonso, quienes lo habrían presionado para montar la escena de incriminación. Desde entonces, Alonso brega por el reconocimiento de un homicidio y sindica a CFK como su autora.

      En el año 2015, Laura Alonso fue designada por Mauricio Macri como titular de la Oficina Anticorrupción, cargo para el que no podía siquiera postularse, debido a que la reglamentación entonces vigente exigía “tener no menos de seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial". El 23 de diciembre de 2015, fecha en que Laura cumplía 43 años, se publicó el Decreto Nº 226/2015, que eliminó el requisito del título y cambió el nombre del cargo al de “Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.

      En el desempeño de esta función, Laura Alonso demostró no sólo una palmaria impericia; sino, además, el despliegue de una parcialidad manifiesta. Si bien se presentó como querellante en cuanta causa involucrara a personalidades del gobierno precedente y apeló todos los sobreseimientos dictados por los distintos tribunales, pasó por alto más de 22.000 omisiones de presentación de declaraciones juradas de funcionarios del macrismo.

     Entre sus errores técnicos más recordados, figura la recomendación de, ante la duda, “delegar hacia arriba” la firma de resoluciones en las que pudiera quedar comprometida la ética pública, lo que resulta imposible desde el punto de vista del derecho administrativo más elemental.

      Apenas iniciada su gestión, y frente a la evidencia de que Mauricio Macri se hallaba involucrado en decenas de organizaciones fraudulentas radicadas en Panamá, Laura declaró que “tener una empresa off shore en un paraíso fiscal no es en sí mismo un delito”.

     Encubrió el conflicto de intereses público-privados evidenciado en el nombramiento de Juan José Aranguren como Ministro de Energía de la Nación. Recomendó una suerte de “contrato de testaferro” a través de la venta a un tercero de las acciones de Shell de las que Aranguren era titular. Más adelante, cuando el ministro fue imputado por favorecer a una filial de la petrolera en la compra de gas licuado, Alonso decidió no efectuar ninguna presentación.

     Similar ejercicio de pasividad favoritista exhibió en oportunidad de que el Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere recibiera, en pleno ejercicio de sus funciones, una gratificación de $ 500.000 por parte de la Sociedad Rural Argentina, entidad que había presidido hasta su nombramiento. La Oficina Anticorrupción no investigó este hecho, a pesar de que la propia hermana de Etchevere presentara pruebas que corroboraban la dádiva, como así también una diferencia de más de 20 millones de pesos en las declaraciones juradas del ministro.

      Tampoco inició investigaciones en casos de resonancia en que se encuentran involucrados bienes y empleados del grupo empresario de la familia Macri, como la compra irregular de terrenos al Estado y su posterior venta como parques eólicos; y la negociación, con evidente perjuicio para la Nación y complicidad de funcionarios judiciales, de la deuda contraída por el Correo Argentino en manos de Mauricio Macri.

      Su propia hermana, Soledad Alonso, fue beneficiada “de hecho” con la excepción de renunciar a su cargo en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, deber que por decreto había impuesto Mauricio Macri a los parientes de sus ministros y secretarios. Laura Alonso no intervino a fin de pesquisar las eventuales irregularidades o quebrantamientos éticos en esta continuidad laboral, y hasta advirtió que accionaría judicialmente si la noticia se publicaba.

      En el año 2018, fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos públicos. Se le reprochó haber contratado por sumas millonarias a la consultora CONSUASOR, para que ejerciera las funciones de prensa de la Oficina Anticorrupción, algo que resultaba abiertamente innecesario en un organismo público. CONSUASOR posee vinculaciones políticas con Cambiemos y recibió también dinero por otras seis contrataciones superfluas en la Administración Pública Nacional.

      Ese mismo año, la diputada Graciela Camaño encabezó una denuncia contra Alonso que incluyó el asunto del Correo Argentino y su abstención total de investigar acciones y conductas delictivas que involucran a funcionarios del macrismo.

       Al resultar evidente esta postura de encubrimiento, en mayo de 2019 declaró que la Oficina Anticorrupción no centraba sus esfuerzos en la averiguación de delitos por parte del entorno presidencial “porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este Gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales".

     En esta orientación, tampoco ha cuestionado los casos conocidos de uso privado del helicóptero presidencial por parte tanto de Macri como de su esposa, tales el de haber recogido a la niña Antonia Macri del jardín de infantes (dejándolo en el enorme predio contiguo de la Agencia Nacional de Discapacidad) o la visita proselitista a un centro de jubilados en el barrio de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la cual “estacionó” la aeronave en la cancha del club Atlanta.

     Puesta en conocimiento público la eventual connivencia delictiva entre el fiscal Carlos Stornelli, el juez venal Claudio Bonadío y el usurpador de títulos Marcelo D’Alessio –una asociación ilícita que extorsionaba a falsos imputados para tramitar causas armadas contra funcionarios del kirchnerismo- Alonso adoptó la polémica postura de apoyar al fiscal que rehusó presentarse a las indagatorias y fabuló públicamente acerca de un posible plan de la oposición para matarlo.

      A pesar de encontrarse en funciones como “Secretaria de Ética”, en las redes sociales no ha dejado nunca de publicar mensajes de violencia y discriminación contra los partidos de la oposición, y de tildar de “banda de ladrones” al peronismo. Sindica de “corruptos” a ex funcionarios que no han sido condenados por corrupción. Desde el año 2013, ha declarado en varias oportunidades que “podría enamorarse” de Mauricio Macri.

      Sus libertades expresivas se extendieron, incluso, a la burla por el caso más sonante de terrorismo de Estado cometido por el macrismo. A una publicación de la “Dra. Pignata” (Hernán Lombardi) que mostraba una caja con huesos humanos y consignaba que “acá termina el camino de Santiago Maldonado”, Alonso contestó “Love U” (“Te Amo”).

      Hasta el mes de julio de 2017, los medios no hegemónicos informaban que Laura Alonso había aumentado su patrimonio un 160 % durante la gestión macrista. No existen noticias posteriores acerca de la evolución de su fortuna.

Hernán Santiago LOMBARDI

     Fecha de Nacimiento: 4 de mayo de 1960

     Hijo de un empresario hotelero e inmobiliario, comenzó su carrera política como radical alfonsinista en la década de 1980, dentro de Franja Morada. Desde entonces, alternó la militancia con actividades empresarias desplegadas en el núcleo parental. Regenteó el complejo Torres de Manantiales en la ciudad de Mar del Plata y el Palacio San Miguel de la ciudad de Buenos Aires, de los que su familia es propietaria.

      Integró el llamado “Grupo Sushi” durante la presidencia de Fernando De la Rúa, una suerte de “círculo rojo” que aconsejó al mandatario la implementación de las políticas que terminarían en la debacle del año 2001. Fue Secretario de Turismo y luego interventor de la Administración de Parques Nacionales, cargo que le permitió multiplicar sus negocios como emprendedor turístico en el sur argentino. Su influencia en el gobierno del líder radical fue cada vez mayor y logró concentrar en sus manos las secretarías de Turismo, Cultura y Deportes.

   Luego de la ruptura democrática de diciembre de 2001, Hernán Lombardi se alió a la centroderecha bajo el ala de Ricardo López Murphy en el partido “Recrear para el Crecimiento”. Hacia fines de la década del 2000, toda la estructura de Recrear pasó a formar parte del frente macrista Compromiso para el Cambio. Sin embargo, formalmente, Lombardi continúa afiliado a la Unión Cívica Radical.

    Con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi orientó definitivamente su praxis política hacia el neoliberalismo, el recorte de derechos y el favorecimiento de las élites económicas. Fue Ministro de Cultura de la Ciudad: su gestión se caracterizó por el cierre de centros culturales barriales y el despido de trabajadores de los teatros dependientes de la ciudad, en especial el Teatro Colón y el Teatro General San Martín. En el año 2013 mandó a reprimir la toma de la Sala Alberdi de esta institución: durante las acciones de “desalojo”, la policía, a sus órdenes, disparó contra los ocupantes con balas de plomo. En el año 2009, cedió el ex edificio del Patronato de la Infancia al Centro Cultural de España en Buenos Aires, luego de otra feroz represión tendiente a quitar de allí a unas 40 familias que no tenían hogar.

     Ya con Macri como presidente de la Nación, fue designado Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 2015. Desde ese cargo, Lombardi propició un programa de intensa censura, recorte de libertades sindicales, persecuciones políticas y despidos masivos de empleados de los medios de comunicación oficiales. Ordenó revisar la correspondencia electrónica y las redes sociales de los empleados a su cargo y cesanteó a todos aquellos considerados “kirchneristas”, “de izquierda” y aun a los “negativos” o “no proactivos”.

   Radio Nacional, Canal 7 y Télam (de donde echó a 357 personas) fueron los sectores donde más trabajadores fueron dejados sin empleo. Bajo su imperio, además, fueron eliminados contenidos culturales de las diversas plataformas de comunicación dependientes del Estado Nacional y se detuvo el crecimiento y expansión de la Televisión Digital Abierta. Fue uno de los mentores de la discontinuidad del programa “Fútbol para Todos”.

    Ejecutó la política de desaparición paulatina de las actividades gratuitas, culturales y formativas del parque “Tecnópolis”. Una de sus primeras medidas fue la de destruir los grandes muñecos de personajes del canal Paka-Paka instalados en el predio. Preguntado por la causa de esta destrucción, contestó que se los removía porque estaban “podridos por dentro”.

    Durante el año 2017 realizó una publicación en la red social Facebook, en la que propuso el desmantelamiento de las “capas geológicas” del Estado, locución con la que identificó a los trabajadores nombrados por las administraciones anteriores. Por la sangría de empleados que generó, se lo conoce con el mote de “El Vaciador”.

      Se lo ha sindicado como autor encubierto de un perfil falso de Twitter que, bajo el nombre “Dra. Alcira Pignata”, propaga mensajes xenófobos, racistas, discriminatorios y de odio hacia minorías, hacia los pobres y muy especialmente hacia el kirchnerismo y los sectores de izquierda. La identidad entre ambos se evidenció en el año 2014, cuando en la cuenta del personaje se publicó un mensaje idéntico al subido por Lombardi en su Instagram personal. El “tuit” fue inmediatamente borrado. Sin embargo, algunos usuarios alcanzaron a realizar capturas de pantalla y viralizarlas. El entonces ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires negó toda relación entre ambas cuentas.

    Lombardi arrastra varias causas judiciales como imputado, entre las que se destaca una por desembolsos irregulares en la frustrada compra de un terreno de más de 10.000 hectáreas en la provincia de San Luis, para la creación de un Parque Nacional en el año 2000. En otro expediente se le reprocha haber ordenado, como Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la realización de donaciones ilegales a la Fundación Pensar Argentina, conocida como la “usina de ideas del PRO”, partido encabezado por Mauricio Macri.

    Hernán Lombardi posee una verba inteligente, filosa y provocadora. Vez a vez, los medios no hegemónicos exhiben sus contradicciones, que tuvieron y tienen por único fin el despliegue de mentiras justificatorias de las ilegalidades y los atropellos institucionales perpetrados por la administración de Mauricio Macri.

     Luego de la derrota electoral de agosto de 2019, Lombardi sufrió un célebre acto fallido en medio de una entrevista televisiva. Preguntado acerca de las causas del desastre del macrismo en los comicios, contestó que el fracaso se debió a que “le metimos la mano en el bolsillo a la gente”.

Juan José ARANGUREN

         Fecha de Nacimiento: 31 de agosto de 1954

         Comenzó su carrera empresarial como ejecutivo de Shell en 1977. Alcanzó la presidencia de la filial argentina de la institución en el año 2003, cargo que detentó hasta el año 2015.

      Bajo su mandato, la firma anglo-holandesa fue sancionada por aplicar aumentos abusivos en el precio de los combustibles líquidos, y se le iniciaron diversas causas civiles y penales por contaminación ambiental en la zona conocida como “Villa Inflamable” de la localidad de Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Allí, además, se descubrió que la refinería utilizaba clandestinamente en sus actividades una cifra cercana a los 20 millones de litros de agua por hora.

          Imposibilitado de subir los precios por aplicación de las políticas nacionales de aliento del consumo, Aranguren ordenó durante su gestión en Shell el “stockeo” de combustible para forzar la suba del valor de naftas y gasoil. Fue por ello también penalmente denunciado, conforme lo establece la Ley de Abastecimiento.

          También fue acusado de influir en el libre mercado del dólar a través de la compra por parte de la empresa de grandes cantidades de esta divisa, con el fin de generar, de forma indirecta, el aumento de los combustibles comercializados por Shell, atados a la moneda norteamericana.

       En el año 2015 renunció a la dirección de la firma petrolera, de la que también es accionista, para integrar el gabinete de Ministros de Mauricio Macri. Fue el primer Ministro de Energía.

         Una de sus primeras medidas fue la de discontinuar la compra de gas domiciliario a Bolivia y ordenar que se lo adquiriera de una filial de Shell con asiento en la República de Chile, a un precio 128 % más caro.

         Fue el encargado de ejecutar la política macrista de quita de subsidios y de llevar a valor dólar el precio de la energía en todas sus formas y en todas sus etapas: producción, transporte y distribución. De esta manera, con el correr de los años, en algunas zonas del país el gas domiciliario registró aumentos que superaron el 2.000 %.

        Durante su cargo, Aranguren promovió la reducción a un 50 % de las actividades de cateo de la petrolera estatal YPF, competidora de Shell en el mercado. Dispuso un programa de incrementos en los precios de los combustibles que condujo a la República Argentina a tener la segunda nafta más cara de toda la región.

      En materia de electricidad, intercedió para que se condonaran deudas que las empresas Edenor y Edesur mantenían con el Estado Nacional por más de 19.000 millones de pesos. Paralelamente, y con el argumento de que se otorgaría un mejor servicio, aumentó el precio del consumo eléctrico domiciliario e industrial en más del 1.000 %.

     Benefició a la empresa Shell otorgándole 7 licitaciones de un total de 8 durante su gestión. Descubierto por el periodismo no hegemónico, simuló la venta de sus acciones de la empresa a manos de un testaferro, a fin de librarse de responsabilidad.

       Juan José Aranguren está vinculado a dos empresas “offshore” en los “Panama Papers”: Shell Western Supply and Trading Limited (con sede en Barbados) y Sol Antilles y Guianas Limited, con oficinas en Londres. Ambas realizaron negocios con Shell Argentina desde que fue nombrado presidente de la empresa en 2003.

       En medio del proceso de aumento brutal de tarifas fue interpelado en el Congreso de la Nación. A fin de evaluar la razonabilidad de los incrementos, el diputado José Luis Gioja lo invitó a que revelara el precio del millón de BTU de gas (aprox. 27,8 m3) en boca de pozo. Aranguren respondió que “hay distintos casos”. Gioja le reformuló la pregunta y Aranguren contestó que no podía dar un valor cierto. El diputado le hizo notar que una persona que había ejercido cargos de importancia durante 40 años en una de las petroleras más importantes del mundo no podía ignorar un dato de conocimiento tan cotidiano y habitual en el mundo de la explotación gasífera, por lo que insistió con el requerimiento: “Ministro”, dijo, “díganos cuánto cuesta el millón de BTU en boca de pozo”.

       Aranguren, visiblemente molesto, admitió de viva voz: “Me resisto a contestar”.

      En junio de 2018 fue relevado de su cargo y se le agradecieron formalmente los valiosos servicios prestados a la Nación.

       Su cartera es hoy una secretaría de gobierno que depende del Ministerio de Hacienda. A pesar de aquellas manifestaciones de desconocimiento acerca de temas centrales en el ámbito de la explotación petrolífera, hoy es dueño de la principal consultora en materia de servicios energéticos del país.

      No existen datos certeros acerca de su real fortuna, la que se cree asciende a más de 100 millones de dólares. En sus declaraciones juradas como funcionario público manifiesta que más de las tres cuartas partes de su patrimonio en dinero se encuentra en el exterior (al menos, 88 millones de dólares en depósitos colocados en diferentes bancos extranjeros). Preguntado por la causa de esta fuga de dinero perpetrada incluso mientras era funcionario público contestó: “tiene que ver con la confianza que hemos perdido en Argentina”.