Claudio BONADÍO

     Nombre completo: Claudio BONADÍO

     Fecha de nacimiento: 1º de febrero de 1956

     Claudio Bonadío es el juez macrista que mayor incidencia mediática detentó durante el período de Cambiemos en el poder nacional. Su compromiso con las instrucciones recibidas del poder real se evidenció en la concreción de todo tipo de faltas –desde infracciones reglamentarias hasta delitos complejos- a efectos de impulsar material y efectivamente la persecución dispuesta por Mauricio Macri a funcionarios y figuras relevantes del gobierno que lo precedió, sin prevenciones de observancia de principios centenarios que rigen tanto el procedimiento penal como el Derecho Penal sustantivo.

     A tal punto esto es cierto, que el juzgado que dirige (llamado “Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11”) es conocido en el ámbito forense como “La Embajada”; no sólo porque las causas que lleva se vinculan en forma directa con las gestiones norteamericanas de intromisión soberana en contra de los intereses de la República; sino, además, porque se le atribuye el regirse por leyes y procedimientos propios, independientes de lo que establece la normativa vigente.

     Son tantos los desvíos jurídicos, políticos y morales que afectan la conducta de Claudio Bonadío, que la completa descripción de sus venalidades y su explicación para un público neófito en cuestiones de Derecho demandaría la redacción e impresión de un número indeterminado de volúmenes.

     Sin embargo, durante el período de sugestión colectiva generado por aplicación de principios de mercadotecnia a fin de captar voluntades viciadas, la clase media aspiracional y el sector de imaginería perversa de las clases altas aceptaron sin contrapropuesta –aun, en ocasiones, expresando apoyo efectivo en la puerta misma del edificio de Comodoro Py- las ilegalidades y los fraudes procesales perpetrados por Bonadío y sus cómplices. Todos ellos tendían a la conformación del velo de regularidad con que la “opinión pública” necesitaba teñir el encarcelamiento de cualquier kirchnerista, como refuerzo de la idea de “respeto por las instituciones” verbalmente sostenida por Cambiemos.

     Bonadío no sólo fue un elemento de articulación arbitraria de estructuras disfrazadas de legitimidad para la cristalización de fines espurios. También se constituyó en figura de impacto emocional entre los partidarios del “cambio”, quienes vieron en él un hacedor de prisiones que satisfaría sus ansias ancestrales y simbólicas de exterminio, que ahora emergían en un clímax de concreción.

     Las vulneraciones procedimentales que lo tuvieron por ideólogo e implementador requirieron el concurso criminal de otros agentes: jueces igualmente corruptos, empleados infieles del mismo juzgado (que no se opusieron a sus órdenes contra legem) y operadores judiciales y extrajudiciales pagados por el poder o perpetradores a consciencia.  Quizás el más representativo de ellos, como se verá, fuera el fiscal venal Carlos Stornelli, ex jefe de Seguridad en el Club Atlético Boca Juniors durante las presidencias de Mauricio Macri en la institución y organizador de escuchas ilegales y falsas imputaciones a miembros de las ramas políticas opositoras al macrismo en el club de la Rivera.

     En definitiva, tal se advirtiera, no deviene posible compendiar con detalle la totalidad de sus quebrantamientos a la ley y a la moral. Sin embargo, un repaso rápido por sólo algunas de las acciones que tuvieron a Bonadío por protagonista resulta útil al efecto de trazar un mapa ético de su personalidad y de la orientación de sus conductas:

     . Parecería ser que Claudio Bonadío fue uno de los miembros de la organización “Guardia de Hierro”, una entidad que constituyó un reservorio del purismo peronista en conexión con un sector de la Iglesia Católica (en la que estaba incluido Jorge Bergoglio, luego Papa Francisco), que veía a la doctrina justicialista como una forma de cristianismo. La organización se disolvió luego de la muerte de Juan Domingo Perón; sus miembros, mayormente, distorsionaron en lo que luego se llamó “el PJ” o “la derecha peronista”.

     . Fue un estudiante tardío de la carrera de Derecho, que cursó en la gratuita Universidad de Buenos Aires. Se recibió a los 32 años, mientras militaba en el ala neoliberal del justicialismo, cuya ambición era recuperar el poder perdido por el golpe militar de 1976, y luego en las elecciones de 1983. Por aquellos tiempos, Bonadío se alineaba en el peronismo de la entonces Capital Federal de la Nación junto a Eduardo Vaca y Miguel Ángel Toma, rama afín a la organizada por el ex intendente y profusamente denunciado por corrupción Carlos Grosso.

     . Luego de derrocado el presidente Raúl Alfonsín a manos del golpe de mercado de 1989, Bonadío fue asesor del Ministro del Interior Carlos Corach y, más tarde, su Subsecretario de Asuntos Legales.

     . En 1994, a seis años de haberse recibido, fue nombrado juez federal. Tiempo después, el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo fue investigado por Bonadío por enriquecimiento ilícito: Cavallo, entonces, denunció que había sido designado “a dedo”, sin haber efectuado un solo minuto de carrera judicial. Dijo por aquellos días el introductor más eficaz del neoliberalismo en Argentina que el nombre de Claudio Bonadío habría sido anotado en una servilleta, durante una charla informal de café presidida por Carlos Corach en la que se realizaba el recuento y postulación de jueces afines al gobierno de entonces. Cavallo, ya juzgado, dijo que Corach le habría pedido a cambio el “cajoneo” de varias de las causas que lo involucraban.

     . Como juez federal, fue acusado de sobreseer en forma apresurada o sin estudio suficiente de los elementos de cargo a una multitud de funcionarios del gobierno que lo designara. El caso más resonante fue el de Víctor Alderete por desmanejos en la intervención del PAMI, decisión que derivó en una denuncia efectuada por la Oficina Anticorrupción.

     . Otras de las particularidades arbitrarias que impuso Bonadío en “La Embajada” fueron las de impedir a los abogados defensores la compulsa del expediente o la extracción de copias; como así también “estirar” o reducir los plazos procesales para retrasar o apurar, según conviniera, el dictado de resoluciones consonantes con las exigencias del poder.

     . Aficionado al uso de las armas, en el año 2001 ganó su primer reconocimiento en el ideario violento de una mayoría ancestralmente cultora de antivalores, al dar muerte a dos delincuentes poco más que adolescentes que se acercaron a robarle. Desde entonces, especialmente las clases medias aspiracionales y las clases dominantes comenzaron a considerarlo como un juez razonable y probo.

     . No obstante, fue apartado de la investigación de la llamada “causa AMIA”, que buscaba esclarecer el atentado ocurrido mientras él era subordinado de Carlos Corach y amigo de Juan Carlos Galeano (juez que intencionalmente desviara el curso de la pesquisa). Se le reprochó no sólo no haberse excusado; sino, además, haberse abocado a resolver denuncias que lo involucraban personalmente, debiendo ser, en esas actuaciones, juez de sí mismo.

     . Fue denunciado en forma múltiple por disponer sin sustento fáctico-jurídico escuchas telefónicas y seguimientos a personas no implicadas directamente en las causas sometidas a su estudio, y también a funcionarios actuantes en los expedientes que lo tuvieron como magistrado. Este acto de vulneración de garantías esenciales del proceso penal y de las libertades individuales de los habitantes en general generó, entre otras reacciones, una denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien lo sindicó de autor de amenazas contra su persona y la de sus hijas, y de perpetración de acciones ilegales de espionaje en su perjuicio.

     Tiempo después, Bonadío recibió la causa que relacionaba al fiscal Nisman, su madre, su hermana, su esposa, su empleado informático y un empresario con actos de lavado de dinero. El expediente, por las derivaciones de armado mediático favorable acaecidas luego del suicidio del fiscal, fue también “cajoneado”.

     Bonadío está a cargo, desde antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, de una cantidad llamativa de causas contra ex funcionarios del gobierno anterior y, especialmente, seguidas contra Cristina Fernández de Kirchner. También se ha encargado de sobreseer a personalidades del macrismo denunciadas por delitos graves, como Luis María Blaquier y Emilio Basavilbaso, acusados del millonario vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (que asegura la continuidad del pago de jubilaciones y pensiones aun durante ciclos de depresión económica).

     Durante el período de gobierno de Macri, el juez Claudio Bonadío trabajó, entre otros, dos principales trámites en los que pidió el desafuero de la ex presidenta y actual senadora con el fin de encarcelarla; a cuyo efecto, previamente, dictó su prisión preventiva.

     La primera es la llamada “causa Hotesur”, de fuerte impacto entre las clases medias aspiracionales, afectadas por el manejo doloso de los medios de comunicación. Allí se indaga sobre el presunto fin de lavado de dinero perseguido por la familia Kirchner al alquilar con sobreprecios su complejo hotelero de El Calafate, provincia de Santa Cruz. El expediente se inició luego de ser preparado televisivamente a través de uno de los episodios de “Periodismo para Todos”, el programa dominical de decisiva penetración en aquellas clases “antikirchneristas” que pretendían el derrocamiento, la prisión y la pena de muerte en cabeza de la entonces presidenta Cristina Fernández.

     Las irregularidades cometidas por Bonadío en esa causa fueron tantas y de tal magnitud, que terminó siendo relevado de su conocimiento y acusado ante el Consejo de la Magistratura por arbitrariedad y parcialidad. Una de las acciones más groseras que llevó a cabo en este expediente fue el de ordenar la realización de un allanamiento por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires –creada y organizada por Mauricio Macri- precisamente en el inmueble hotelero ubicado en la provincia de Santa Cruz, acción que la ley expresamente prohíbe y que en su carácter de juez no podía desconocer.

     La segunda acción de importancia que dirigió contra la ex primera mandataria fue la llamada “Causa de los Cuadernos”. De gran impacto en el entendimiento exento de virtud racional de los adherentes al macrismo, el juicio se fundaba en cuestiones de hecho arquetípicas que adolecían de un fuerte componente ficcional y aun infantil, pero que adentró hondamente en las consideraciones de una población mayoritaria sumergida con decisión en las falsedades y contenidos emocionales televisivos, radiales, propagandísticos y expuestos por la prensa escrita.

     La “Causa de los Cuadernos” se sostiene, precisamente, en la declaración como “arrepentido” de un ex chofer estatal llamado Oscar Centeno. El trabajador, en apariencia impulsado por un sentir de honestidad irrefrenable, habría tomado notas en diversos cuadernos, durante años, de los lugares adonde le era ordenado trasladar a empleados o funcionarios que se dirigirían a recibir dádivas, para ser seleccionados en licitaciones de obras públicas.

     Sin embargo, los cuadernos no figuran en ese expediente más que como fotocopias certificadas, cuyos originales habrían sido quemados en una parrilla por el chofer Centeno, “por miedo a las represalias de Cristina”, y depositadas en la escribanía certificante.

     A partir de esos elementos a todas luces cuestionables desde el punto de vista del normal desarrollo del procedimiento penal (toda vez que resulta imposible peritar cualquier fotocopia y, en consecuencia, redargüirla de falsedad), luego de la declaración del “arrepentido” Bonadío ordenó allanamientos y detenciones nocturnas que calaron de forma efectivísima sobre el sentir honestista prevaleciente. Muchos de los arrestados eran empresarios y contratistas de obra: algunos fueron liberados luego de declaraciones desplegadas sin los elementos previstos en el procedimiento (por ejemplo, prescindiendo de la asistencia de letrados o defensores públicos oficiales); otros, eran privados inmediatamente de su libertad.

     Este procedimiento se llevó a cabo desde agosto de 2018 hasta enero de 2019, momento en el cual uno de los citados a indagatoria documentó los acercamientos que con él tuvieron el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, y uno de los operadores del macrismo, un falso abogado llamado Marcelo D’Alessio, sobrino de Carlos D’Alessio, Escribano General de la Nación y aparente proveedor de quien finalmente certificó las fotocopias incriminatorias. Actas notariales, audios, videos y otras constancias fueron enviadas por el empresario al diario digital El Cohete a la Luna del periodista Horacio Verbitsky, quien, imbuido de su contenido, dio a conocer una de las más fenomenales articulaciones ilícitas del devenir político-judicial argentino, en perjuicio no sólo de funcionarios del gobierno anterior; sino, finalmente, de la administración de justicia en su totalidad.

     Es que, de acuerdo con esas constancias brindadas por el empresario Pedro Etchebest (quien, para evitar ser injustamente encarcelado, se exilió en EE. UU.), se habría fraguado una asociación ilícita entre Claudio Bonadío, el fiscal y antiguo empleado de Macri Carlos Stornelli y el abogado apócrifo Marcelo D’Alessio, con el fin de extorsionar a los imputados en la “Causa de los Cuadernos”, obligándolos a declarar contra Cristina Fernández de Kirchner a cambio de fuertes sumas de dinero y bajo amenaza de enviarlos sin más trámite a prisión, en caso de resistencia.

     El juez actuante en la causa que se abrió en virtud de estas noticias de extorsión es Alejo Ramos Padilla y tiene su asiento en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires. Frente a las pruebas traídas por Etchebest, Ramos Padilla ordenó regularmente allanamientos en la casa de Marcelo D’Alessio, como resultado de los cuales se colectó una enorme cantidad de material que daba cuenta de realización de escuchas ilegales, audios que comprometían a diputados macristas, al propio fiscal Stornelli, a Mauricio Macri, a su operador judicial Daniel Angelici y a un gran número de personajes del entorno presidencial. Llamado a indagatoria desde el 7 de marzo de 2019, a fines de noviembre de ese mismo año el fiscal renuente todavía permanece rebelde.

     A pesar de que la estructura judicial macrista intentó quitar la causa contra Stornelli y Bonadío de su conocimiento, Ramos Padilla defendió su competencia. Esa actitud le costó la exclusión de un concurso para juez electoral en la provincia de Buenos Aires: fue quitado de la terna por el propio Mauricio Macri, sin fundamento alguno, a pesar de haber quedado primero en el Orden de Mérito respectivo.

     Quizás la debilidad de actuación más relevante que afectó a Claudio Bonadío en el desempeño de su rol como ejecutor de la voluntad macrista no haya provenido de su ausencia de límites ni de su falta de determinación. Hasta los sectores más afines y aun obsecuentes y pendientes de cada manifestación de Mauricio Macri saben que el ungido presidente jamás pudo resolver, en su fueron íntimo, la cuestión del encarcelamiento de Cristina Fernández.

     Incapaz de pensar en sentido político y enfrentado a una estadista de fuste, Macri sufrió el mal que aquejó a muchas figuras de la historia respecto de sus enemigos: no saber qué hacer. En este punto, la psicopatía profunda del Niño Emperador no pudo constituirse en herramienta hábil al efecto de “hacer desaparecer” del contexto físico y del imaginario social a una de las piezas más descollantes del devenir político mundial. Como ya había dicho Lula da Silva, prisionero de los sediciosos:

“Si me encarcelan, seré víctima; si me matan, seré mártir; si me liberan, seré presidente”.

     Cristina Fernández de Kirchner, con sus intervenciones, sus silencios y aun desde el peso saneador e inapartable de su imagen, desactivó a su respecto el aparato macrista de ilegalidades judiciales –liderado por el juez infiel Claudio Bonadío- y mantuvo su libertad durante el período de indignidad institucional iniciado en diciembre de 2015.

     Fue elegida vicepresidenta de la Nación, en primera vuelta, el 27 de octubre de 2019.